La licitación de la financiera Broxel para gestionar el costo del TP tiene elementos jurídicos para ser anulada: “hubo un proceso dirigido, opaco e implica un uso ilegal de datos” expone el investigador en temas de transparencia Jesús Ibarra.

“Que suba la tarifa un porcentaje es una cuestión, pero que se haga de esta forma multiplica las irregularidades de un proceso de por sí plagado de irregularidades”, agregó.

En el caso de la licitación, en efecto, es el Sistema Anticorrupción quien debe revisar y en su caso, anular.

Respecto a la viabilidad del referéndum para dar un revés al tarifazo señaló que es el Consejo de Participación Ciudadana, bajo un criterio legal apegado a derecho, quien tiene que afirmar si se puede.

“Si uno se ciñe a lo que la Corte dice, hay sí hay una coyuntura para el referéndum, este aumento busca cubrir los costes y no es una cuestión tributaria, con esta interpretación le toca al Consejo de Participación Ciudadano actuar”, cerró.

jc