De acuerdo con el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem) pese a los avances legales en materia de paridad y a la tipificación de la violencia política contra las mujeres, entre 2018 y 2025, apenas 11 sentencias por violencia política en razón de género han sido dictadas en la entidad, una cifra que contrasta con la incidencia reportada durante los procesos electorales recientes.

El informe del comité precisó que durante el proceso electoral 2023–2024, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC) recibió más de 50 quejas por violencia política contra mujeres. Tan sólo entre abril y mayo de 2024 se presentaron 13 denuncias formales, sin embargo, no existen registros públicos consolidados sobre cuántos de estos casos fueron judicializados ni su estado procesal en 2024 y 2025.

Se dió a conocer que las candidatas y militantes señalan que el miedo a represalias internas, la falta de acompañamiento institucional y las redes de protección dentro de los partidos inhiben la denuncia. Las estructuras partidistas, dominadas por alianzas masculinas, tienden a cerrar filas en torno a los agresores, lo que reproduce prácticas de exclusión y castigo político.

Cladem explicó que la violencia política contra las mujeres no es un fenómeno reciente en Jalisco. En las elecciones locales de 2018, un ejercicio de observación documentó 33 casos de violencia política de género. El 60 por ciento de las víctimas eran candidatas; el 20 por ciento, precandidatas, y el 10 por ciento, servidoras públicas o militantes.

Las agresiones más frecuentes no fueron físicas, sino simbólicas y mediáticas: difusión de mensajes, imágenes o información con estereotipos de género para desacreditar, ridiculizar o inhibir la participación política de las mujeres.

Además, en 2024 se incorporó a nivel constitucional el principio de paridad, que obliga al estado a garantizar la presencia de mujeres en todos los ámbitos y niveles de representación. No se trata de una cuota ni de una concesión política, sino de un mandato constitucional que alcanza a los tres poderes, órdenes de gobierno y órganos autónomos, sin embargo, en la práctica, las mujeres siguen enfrentando barreras informales, violencias normalizadas y resistencias que limitan su participación.

jl