El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) reprobó que el gobierno de Jalisco siga sin publicar el dictamen para la creación de la nueva fiscalía especializada en investigación del delito de tortura pese a tenerlo listo desde el año pasado.

La organización exigió a través de un comunicado que el dictamen sea publicado lo antes posible para que la creación del nuevo ente no se retrase más y que este mismo año pueda tener operatividad real.

Junto con esta exigencia pidió que se designe y garantice un presupuesto suficiente para su operación, lo que incluye la contratación de personal especializado y la atención a las víctimas. También exigió que se garantice autonomía técnica real para que sus investigaciones sean realizadas sin presiones institucionales y, a la par, que se involucre a las víctimas en el proceso de creación y en la designación de la primera persona titular.

“Recordamos al gobierno de Jalisco que el incumplimiento de una sentencia de la Suprema Corte no es una omisión más: es un desacato que profundiza la confianza de las víctimas, debilita el Estado de derecho y normaliza la impunidad. La publicación del decreto no requiere más que voluntad política y un compromiso real con los derechos humanos”, mencionó el Cepad.

La organización agregó que mientras el Ejecutivo no publica el dictamen correspondiente y no crea la fiscalía, los casos de tortura sin investigar o archivados siguen acumulándose y esto deriva en una impunidad total. 

Hasta 2024 sumaban mil 621 carpetas de investigación abiertas por este delito, de las cuáles sólo dos fueron judicializadas y el 58 por ciento se envió al archivo, lo que derivó en cero sentencias.

“Esta omisión deliberada no solo evidencia que las víctimas de tortura no son prioridad para el Gobierno de Jalisco, sino que existe un nulo compromiso para combatir la impunidad absoluta que prevalece en el estado”. 

En primera instancia, el gobierno de Jalisco argumentó que el dictamen contenía errores y lo devolvió al Congreso del Estado para su ajuste, pero desde finales del año pasado el Ejecutivo estatal cuenta con el nuevo documento que al día de hoy sigue sin ser publicado en el periódico oficial El Estado de Jalisco.

El dictamen original que creaba la fiscalía antitortura se avaló el 29 de mayo de 2025 en el Congreso local con la intención de que la dependencia fuera la “responsable de investigar y perseguir ante los tribunales las faltas que las leyes consideran como tortura, ejercer la acción penal correspondiente y aplicar las estrategias de prevención correspondientes, de conformidad a lo establecido en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”.

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