Más de 500 habitantes de El Salto, Juanacatlán y Tlajomulco participaron en una consulta pública en torno al proyecto de la termoeléctrica El Salto 1. En el proceso se presentaron 110 observaciones técnicas a la manifestación de impacto ambiental (MIA) para la planta eléctrica, las cuales fueron entregadas a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), informó el colectivo Un Salto de Vida.

“Estas firmas no solo son un trámite y no solo son hojas con nombre, son voces, son historias, son cuerpos que ya estamos cansados de vivir entre la contaminación y la enfermedad. Junto con estas firmas entregamos observaciones técnicas, legales y de derechos humanos que documentan por qué este proyecto directo no debe aprobarse”, se afirmó desde el colectivo. 

La agrupación añadió que con las observaciones se busca frenar la aprobación del proyecto al considerar que la región ya se encuentra ambiental y sanitariamente saturada.

Las observaciones advierten que la manifestación de impacto ambiental parte de una premisa sin sustento al afirmar que la zona cuenta con buena calidad del aire, ya que no existe un sistema de monitoreo público ni datos verificables que respalden dicha afirmación.

Habitantes de comunidades cercanas al sitio donde se pretende instalar la termoeléctrica señalan además que desde hace décadas enfrentan los efectos de una industrialización sin controles y exposición crónica a contaminantes como sulfuro de hidrógeno, compuestos orgánicos volátiles y otras sustancias tóxicas que afectan la salud respiratoria, neurológica y renal.

Sostienen también que aun cuando la planta funcionaría con gas natural, su operación implicaría un aumento en la emisión de óxidos de nitrógeno y partículas que al combinarse con la contaminación existente podría agravar los impactos en la salud, particularmente en niñas y niños.

En las observaciones también se subrayó que el proyecto se ubica dentro de un polígono oficialmente reconocido por su alta afectación ambiental y sanitaria, sobre el cual existen recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Además, forma parte de la zona contemplada en el Compromiso 92 para la restauración del Río Santiago, que obliga al Estado mexicano a no incrementar los riesgos ambientales.

Finalmente, el colectivo expuso que la oposición a la termoeléctrica El Salto 1 no se limita a un trámite administrativo, sino que representa una defensa del territorio, del agua, del aire y de la vida.

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