El director ejecutivo de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, afirmó que México se mantiene estancado en el Índice de Percepción de la Corrupción, pese a haber mejorado un punto en su calificación más reciente.
El país obtuvo 27 puntos y se ubicó en la posición 140 a nivel global. Aunque la calificación subió ligeramente respecto al año anterior, México perdió un lugar en la tabla comparativa, lo que confirma una tendencia de estancamiento más que de mejora estructural.
El especialista explicó que uno de los factores detrás de esta evaluación es la falta de resultados concretos en el combate a la corrupción, particularmente en casos emblemáticos que permanecen abiertos desde la administración de Enrique Peña Nieto y durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. A ello se suma una transformación del fenómeno: ya no sólo se trata de desvíos, sino de esquemas en los que los recursos ni siquiera ingresan al erario, como ocurre con el huachicol fiscal y el contrabando de combustibles ilegales.
Sobre la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, Bohórquez señaló que se observa un ajuste gradual en la estrategia anticorrupción, con mayor protagonismo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en operativos vinculados tanto a crimen organizado como a redes de corrupción local, en entidades como el Estado de México y Jalisco. No obstante, aclaró que aún no se puede hablar de un cambio de tendencia.
El director de Transparencia Mexicana subrayó que para mejorar la posición del país en el índice no bastan detenciones espectaculares o casos aislados, sino políticas públicas sostenidas que debiliten de manera sistemática las estructuras de corrupción.
También planteó la necesidad de revisar la arquitectura institucional anticorrupción y de incorporar controles más robustos en ámbitos como la reforma electoral, donde existe riesgo de captura por redes criminales y financiamiento irregular de campañas.
Finalmente, sostuvo que el combate efectivo a la corrupción requiere consistencia institucional, sanciones claras y mecanismos preventivos que eviten la infiltración del crimen organizado en estructuras partidistas y en la contratación pública.
GR
