Un total de mil 109 millones de pesos (mdp) integran el Presupuesto de Egresos 2026 del Congreso del Estado de Jalisco, el cual fue aprobado ayer en la Comisión de Administración. Del total, más del 80 por ciento de los recursos se irá en servicios personales, mientras que el resto se distribuye en materiales, servicios generales y bienes muebles e inmuebles para garantizar el funcionamiento institucional.
Del total aprobado, más del 85 por ciento se destinará a servicios personales, pues 953.2 mdp serán para sueldos, dietas, aguinaldos y seguridad social. En tanto, 123.1 mdp se asignaron a servicios generales; 24.5 mdp a bienes muebles e inmuebles, y 8.4 millones a materiales y suministros.
En materia laboral se autorizó un incremento quincenal de 500 pesos para el personal de base en cada semestre de 2026 y un aumento del 3.5 por ciento para coordinadores y titulares de órganos técnicos, mientras que las dietas de los diputados y el sueldo del secretario general permanecerán congelados. Además, se avaló la contratación de siete plazas por honorarios para fortalecer el trabajo legislativo.
El presupuesto contempla 10 proyectos prioritarios, entre ellos el pago de servicios básicos, mantenimiento del Congreso y la biblioteca legislativa, renovación tecnológica, comunicación social, trabajo editorial y una partida de 14 mdp para sentencias y resoluciones judiciales.
También se aprobó el uso de las matrices de indicadores de resultados (MIR) para evaluar el desempeño de las áreas bajo principios de austeridad, transparencia y perspectiva de género.
Durante la discusión, la diputada de Futuro Mariana Casillas Guerrero adelantó su voto en contra al señalar que los avances en austeridad son “muy mínimos” frente a lo que podría implementar el Congreso.
Criticó una reducción del 71 por ciento en materiales y suministros médicos, así como el incremento en rubros como combustibles para vehículos, ya que, dijo, apenas tres están en funcionamiento.
También señaló los aumentos del 14 por ciento en energía eléctrica, de 40 por ciento en agua y de 53 por ciento en licencias informáticas, pues superan los 5 mdp.
Reconoció esfuerzos de transparencia, pero sostuvo que aún existen áreas de oportunidad que requieren mayor análisis y discusión a fondo antes de avalar el ejercicio presupuestal. Para que sea una realidad, el gasto 2026 aún debe ser avalado por el pleno legislativo.
Por otro lado, durante la sesión de Administración se aprobó el periodo vacacional de primavera, programado para los días 30 y 31 de marzo y del 1 al 10 de abril de 2026, así como el periodo vacacional de verano, que se fijó del 3 al 7 de agosto del mismo año.
Aprueban protección a fichas de desaparecidos
Entre señalamientos de ambigüedad legal y el reclamo de colectivos de búsqueda, la Comisión de Seguridad y Justicia del Congreso de Jalisco aprobó un dictamen que busca sancionar a servidores públicos que retiren o destruyan fichas de personas desaparecidas; sin embargo, la redacción provocó un debate sobre posibles restricciones al derecho de las familias a difundirlas libremente.
La propuesta pasará al pleno del Congreso, aunque legisladores anticiparon que será modificada tras las críticas de colectivos de familiares.
El dictamen establece que impedir la colocación de fichas o retirarlas sin causa legal será considerado abuso de autoridad cuando la conducta sea realizada por servidores públicos. Para ello se reformó el artículo 146 del Código Penal del Estado de Jalisco, descartando la creación de un nuevo delito independiente y enfocando la sanción exclusivamente en funcionarios, con el fin de no criminalizar a ciudadanos comunes.
No obstante, el diputado independiente Alejandro Puerto Covarrubias adelantó que presentará modificaciones en segunda lectura al considerar que la redacción actual se aparta del espíritu original de la iniciativa. Señaló que el dictamen introduce términos como “lugares prohibidos” y “permisos”, lo que podría entorpecer la búsqueda.
Además, propuso que se reconozcan también como fichas válidas las elaboradas por colectivos y no solo las emitidas por autoridades.
Por su parte, la diputada Norma López Ramírez defendió la precisión técnica del dictamen y explicó que el concepto de “lugares públicos no prohibidos” busca delimitar jurídicamente los espacios donde puede configurarse una conducta sancionable.
Aclaró que no se pretende impedir la colocación de fichas en plazas, parques o postes, sino respetar reglamentos internos de edificios como el Congreso, tribunales o presidencias municipales.
En contraparte, Héctor Flores, vocero del colectivo Luz de Esperanza, advirtió que el uso de términos como “permitidos o no permitidos” podría convertirse en una barrera para la difusión de las cédulas.
Sostuvo que la colocación de fichas es una acción de búsqueda en vida y forma parte del derecho internacional de las víctimas a ser buscadas, por lo que cualquier ambigüedad legal podría justificar su retiro incluso en edificios gubernamentales, los cuales, dijo, deberían visibilizar los rostros de las personas desaparecidas.
El dictamen será discutido y votado en el pleno del Congreso. Miguel Ángel Vidal
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