El Congreso del Estado exhortó a los gobiernos estatal y federal a coordinarse de manera inmediata para diseñar e implementar un plan integral de atención que permita responder a las afectaciones provocadas por los hechos de violencia del 22 de febrero e involucre acciones enfocadas en salud, apoyo psicológico, reactivación económica, infraestructura y atención a las víctimas.

El exhorto solicita que, en conjunto con dependencias competentes y ayuntamientos, se atiendan de forma prioritaria las necesidades de las personas afectadas en rubros como daños patrimoniales, salud física y psicológica, reactivación económica, infraestructura y movilidad con el objetivo de restituir condiciones mínimas de bienestar y seguridad en las zonas impactadas.

Además, el Poder Legislativo pidió a ambos niveles de gobierno gestionar recursos extraordinarios para la atención de las víctimas, incluyendo la activación de los mecanismos contemplados en la Ley General de Víctimas, a fin de garantizar apoyo institucional a quienes resultaron perjudicados por los hechos violentos.

Como parte del acuerdo se planteó la elaboración de un padrón o censo general de afectados y afectaciones, el cual, de crearse, sería realizado de manera coordinada entre autoridades federales, estatales y municipales con el propósito de dimensionar el alcance real de los daños y definir las acciones de atención necesarias en cada municipio.

Asimismo, la Junta de Coordinación Política del Congreso manifestó su disposición para programar reuniones de trabajo con representantes del Ejecutivo estatal y federal a fin de sumar esfuerzos y avanzar en la implementación del plan integral.

El llamado también propone que los titulares de ambos poderes convoquen a las y los presidentes municipales de las demarcaciones afectadas para coordinar las acciones de atención y el levantamiento del censo.

Finalmente, se instruyó a la Secretaría General del Congreso a realizar los trámites correspondientes para dar cumplimiento al acuerdo aprobado, con fecha del 26 de febrero de 2026, en un intento por articular una respuesta institucional frente a las consecuencias sociales y económicas derivadas de los recientes hechos de violencia en Jalisco.

Agilizan indemnizaciones por daños causados por autoridades

En una sesión extraordinaria, el Congreso de Jalisco aprobó con 34 votos a favor una reforma legal que promete cambiar la forma en que los ciudadanos reclaman indemnizaciones por daños ocasionados por la actuación irregular de autoridades estatales y municipales, especialmente en casos derivados de hechos que alteren el orden público, como los narcobloqueos.

La iniciativa, promovida por la diputada Claudia Murguía Torres, busca derribar las barreras burocráticas que hoy impiden a las víctimas acceder a una reparación del daño efectiva. Actualmente, el 99 por ciento de los procedimientos de responsabilidad patrimonial es desfavorable para los ciudadanos debido a trámites complejos y plazos excesivos.

Con la reforma, la ley deberá interpretarse bajo el principio de máxima protección al ciudadano y garantizar procesos gratuitos, sencillos y accesibles. Además, se reconoce como actividad administrativa irregular en materia de seguridad pública cualquier acción u omisión de la autoridad que provoque daños a bienes o derechos de particulares durante episodios que perturben la paz y el orden público.  Miguel Ángel Vidal 

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