Un fallo del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa otorgó protección judicial a 35 estudiantes para que puedan seguir accediendo al subsidio del transporte público sin utilizar la tarjeta única “Al estilo Jalisco”, al considerar que se pone en riesgo su información personal.

La resolución es resultado de un juicio de amparo promovido por la Comisión Legal del Tarifazo en Jalisco, que calificó la determinación como la primera gran victoria jurídica contra el llamado “tarifazo”.

Con esta medida cautelar, los estudiantes podrán seguir pagando la tarifa preferencial mediante las tarjetas estudiantiles que ya utilizaban o incluso en efectivo, sin verse forzados a migrar al nuevo esquema bancarizado.

Inicialmente, el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en Jalisco había negado la suspensión. Sin embargo, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa revocó esa decisión y concedió la protección provisional, mediante un proyecto elaborado por el magistrado José de Jesús Flores Herrera.

En su argumentación, el tribunal señaló que el subsidio al transporte no puede condicionarse a la entrega obligatoria de datos personales a una empresa privada, por lo que estimó necesario garantizar, de manera temporal, la libertad de elección y la protección de la información de los estudiantes mientras se resuelve el fondo del juicio.

La medida estará vigente hasta que se determine si se mantiene durante todo el proceso judicial, lo cual se definirá en las próximas semanas.

El equipo legal informó que existen otros amparos en trámite presentados por adultos mayores y trabajadores del estado de Jalisco, en los que esperan obtener resoluciones similares. Asimismo, anunciaron que continuarán impulsando acciones legales para ampliar la protección a más sectores que consideran inconstitucional la tarjeta única.

Al dar a conocer el fallo, los promoventes subrayaron que este caso sienta un precedente a nivel nacional en la defensa del derecho a un transporte público accesible, sin condicionamientos tecnológicos ni comerciales que vulneren derechos fundamentales.

JC