El abogado constitucionalista de la Universidad Nacional Autónoma de México, Francisco Burgoa, advirtió que el “plan B” de la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum implica riesgos constitucionales y políticos, pese a que aún no se conocen todos sus detalles.

Señaló que el fracaso del “plan A” evidenció la falta de consenso incluso entre los partidos aliado quienes priorizaron sus propios intereses sobre la reforma electoral.

El especialista explicó que, entre los elementos preliminares del plan B, destaca la intención de reducir el número de legisladores en congresos locales y de integrantes en ayuntamientos, lo que implicaría una reconfiguración del poder político a nivel estatal y municipal.

Advirtió además sobre un posible cambio en la figura de consulta popular, ya que se podría eliminar la prohibición constitucional para consultar temas electorales, lo que abriría la puerta a someter a votación ciudadana asuntos como la reducción de financiamiento a partidos o la eliminación de legisladores plurinominales.

Respecto a la viabilidad jurídica, Francisco Burgoa indicó que, en caso de tratarse de reformas constitucionales, se requeriría mayoría calificada en el Congreso de la Unión y la aprobación de al menos 17 congresos estatales, lo cual podría complicarse, ya que dichas reformas afectarían directamente a esas instituciones.

También alertó sobre los tiempos legales, al recordar que cualquier modificación en materia electoral debe aprobarse al menos 90 días antes del inicio del proceso electoral de 2027, lo que presiona al oficialismo para concretar la reforma en los próximos meses.

En el plano judicial, señaló que la reciente reforma que limita la impugnación de cambios constitucionales podría impedir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revise las modificaciones, lo que reduce los contrapesos institucionales.

Finalmente, el académico consideró que el plan B es, por ahora, una reforma de menor alcance respecto al proyecto original, aunque advirtió que figuras como la revocación de mandato y las consultas populares podrían utilizarse con fines políticos, como influir en el proceso electoral de 2027.

GR