Legisladores locales buscarán el respaldo de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) para revisar a fondo el uso del subsidio al transporte público (TP) y exigir rendición de cuentas tanto a funcionarios como a empresas concesionarias ante dudas sobre la aplicación de los recursos y la falta de mejoras visibles en el servicio para los usuarios.
Por un lado, la diputada coordinadora de Futuro, Tonantzin Cárdenas Méndez, señaló que el Poder Legislativo trabajará en una ruta de responsabilidad para exigir rendición de cuentas a los funcionarios encargados del sistema de transporte. Adelantó que, con apoyo de la Auditoría Superior, se buscará revisar a fondo cómo se ejerce el subsidio y si realmente se traduce en beneficios para los usuarios.
La legisladora cuestionó que, pese al incremento en la tarifa, no existan garantías claras sobre mejoras en el servicio, como la calidad de las unidades, la frecuencia de paso o la dignificación de paradas, incluyendo iluminación y condiciones adecuadas. También destacó la falta de cobertura suficiente en zonas periféricas, una problemática que ha impulsado el crecimiento de alternativas informales de movilidad.
En este contexto, planteó que el Congreso podría incluso condicionar el subsidio a compromisos verificables con el objetivo de asegurar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y en beneficio de la población. Asimismo, propuso revisar los contratos de concesión vigentes y analizar la posibilidad de que el estado asuma directamente la operación del transporte público como un servicio garantizado.
Por su parte, el legislador del Partido del Trabajo (PT) Leonardo Almaguer Castañeda señaló que el presupuesto aprobado debe ejercerse conforme a lo establecido por el Poder Legislativo, por lo que consideró irregular que se asignen recursos adicionales al subsidio del transporte sin un aval formal.
El petista también criticó la falta de comparecencia de funcionarios responsables, quienes, dijo, no han acudido al Congreso a rendir cuentas sobre el uso de los recursos. Añadió que esta situación evidencia una falta de transparencia y de respeto al equilibrio entre poderes.
El legislador adelantó que desde la comisión correspondiente se analizarán posibles acciones de respuesta a fin de, en su caso, frenar lo que considera violaciones en materia hacendaria y presupuestal. Además, insistió en la necesidad de que el transporte público deje de operar bajo esquemas privados y sea administrado directamente por el estado.
Protestan contra tarjetas y alertan sobre uso de datos
Este lunes un grupo de aproximadamente 80 personas se manifestó en las oficinas de la Secretaría de Transporte (Setran) para exigir la validación de tarjetas de descuento para adultos mayores y denunciar presuntas irregularidades en la emisión de la Tarjeta Única.
Pablo Arellano, uno de los inconformes y manifestante, cuestionó que desde el gobierno se promueva el uso de la tarjeta operada por la empresa Broxel, ya que al solicitarla se piden datos biométricos, huellas dactilares e información fiscal que consideró innecesaria para acceder a descuentos en el transporte público.
“Si es para un descuento en el pasaje, ¿por qué piden ese tipo de datos? Nos está diciendo que no van a activar la tarjeta bancaria, que trae dos chip, pero si ya están pidiendo todos los datos, lógico es que la van a activar y te van a estar cobrando, no va a ser de gratis”, cuestionó.
Los manifestantes acusaron que algunos usuarios ya han resultado afectados y se han reducido beneficios previamente otorgados al pasar de descuentos del 100 por ciento a sólo el 50 por ciento, incluso en personas mayores de 65 años.
A la par recordaron que las autoridades estatales habían referido que no sería necesario tramitar nuevas tarjetas para conservar los beneficios, por lo que exigieron que las tarjetas actuales mantengan su vigencia.
Durante la protesta personal de la dependencia informó que los casos serán atendidos de manera individual, lo que fue rechazado por los inconformes, quienes demandaron una solución general. Nancy Ángel
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