En medio del crecimiento de los riesgos por hackeos y uso indebido de información, en Jalisco se busca blindar las bases de datos más sensibles del Estado. La iniciativa plantea reforzar su seguridad, asignar responsables directos, establecer protocolos de respuesta ante ataques y sancionar a funcionarios que no protejan adecuadamente la información.

El planteamiento surge en un contexto donde la legislación estatal no distingue entre bases de datos ordinarias y aquellas que, por su contenido, podrían comprometer la seguridad de miles o millones de personas si son vulneradas.

La iniciativa, presentada por el diputado Guadalupe Buenrostro, busca cerrar ese vacío legal y elevar el nivel de protección sobre lo que denomina Bases de Datos Poblacionales Estratégicas. Se trata de sistemas que concentran información clave para tareas como la búsqueda de personas desaparecidas, la atención médica, la entrega de apoyos sociales o la operación de cuerpos de seguridad.

De acuerdo con la propuesta, no se trata solo de reconocer su importancia en papel, sino de obligar a que cuenten con medidas de seguridad más estrictas, controles claros sobre quién accede a la información y mecanismos de reacción inmediata en caso de filtraciones o ataques cibernéticos.

Uno de los puntos centrales es que cada base de datos tenga responsables definidos en materia de seguridad, además, se plantea la creación de protocolos específicos para actuar ante incidentes digitales, lo que incluiría desde la contención de ataques hasta la notificación oportuna de posibles riesgos para la población afectada.

Se contempla sanciones para servidores públicos que incumplan con estas medidas, en un intento por frenar negligencias en el manejo de información sensible, un tema que ha cobrado relevancia ante el aumento de fraudes, suplantación de identidad y filtraciones de datos.

La propuesta es que no implicaría mayor gasto público ni la creación de nuevas estructuras burocráticas, ya que se enfoca en fortalecer y ordenar los mecanismos que ya existen dentro de la administración estatal.

En la próxima sesión del Congreso se prevé que sea turnada a comisiones para su análisis.

CES