A finales de marzo, madres cuidadoras de personas con discapacidad, principalmente dentro del espectro autista, encabezadas por el diputado Alejandro Puerto, presentaron un amparo colectivo para frenar el aumento a la tarifa del transporte público en Jalisco, buscando priorizar la protección de quienes dependen del servicio para atender a sus hijos.

De acuerdo con el legislador, el amparo fue promovido de manera colectiva por madres cuidadoras jefas de familia, quienes enfrentan una carga económica constante debido a las necesidades de cuidado de sus hijos.

Por ello, la estrategia legal plantea que la suspensión provisional del aumento tarifario se otorgue primero a este grupo, mientras se resuelve el fondo del asunto.

“Lo que estamos solicitando es la suspensión del acuerdo, en un primer momento para las madres cuidadoras que firmaron el amparo, y posteriormente que se extienda a toda la población usuaria”, explicó.

El nuevo recurso legal surge tras la modificación del esquema tarifario por parte del Ejecutivo estatal. Inicialmente, en diciembre de 2025 se autorizó una tarifa de 14 pesos condicionada a métodos de pago específicos; sin embargo, ese acuerdo fue reemplazado en marzo por uno nuevo que fija la tarifa en 11 pesos con subsidio gubernamental.

Ante este cambio, el equipo jurídico del diputado decidió presentar un segundo amparo, al tratarse de un acto distinto.

El amparo se encuentra actualmente en proceso de admisión, luego de que la autoridad judicial solicitara aclaraciones sobre los actos reclamados.

Se espera que la resolución sobre la suspensión provisional pueda emitirse antes de que concluya abril, aunque el proceso se ha visto afectado por periodos vacacionales del Poder Judicial.

De concederse, el beneficio aplicaría inicialmente solo a las madres promoventes; posteriormente, se buscaría una suspensión definitiva que detenga el aumento para toda la población.

El diputado adelantó que se prepara un tercer amparo, ahora bajo el argumento de que el aumento ya se está aplicando en los hechos, lo que refuerza la afectación directa a las y los usuarios.

A su juicio, el modelo actual no responde a las necesidades de la población y termina por cargar el costo a quienes menos posibilidades tienen de absorberlo.

“El transporte debería garantizar movilidad, no convertirse en una barrera para quienes dependen de él todos los días”, apuntó.

CES