El proyecto independiente Cómo Te Mueves ZMG (https://como-te-mueves-amg.netlify.app/) analizó el padrón de concesiones del transporte público (TP) que tiene disponible la Secretaría de Transporte (Setran) y uno de sus hallazgos es que el 31 por ciento por ciento de las concesiones y el 29 por ciento de unidades incluidas en los permisos están concentradas en 10 empresas.
En total, el padrón contempla 310 registros de concesiones para la operación del transporte público en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), Ciudad Guzmán, Puerto Vallarta, Lagos de Moreno y Tepatitlán de Morelos.
De entrada, detectó problemas de transparencia, ya que 280 de las 310 concesiones ya estarían vencidas al día de hoy de acuerdo con el periodo por el que se otorgó el permiso, por lo que, si siguen operando, quiere decir que hubo actualizaciones que no se han reflejado en el padrón público.
Los 310 registros de concesión incluyen a 145 empresas y un total de 6 mil 264 unidades con permiso para operar; sin embargo, sólo 10 compañías concentran mil 867 camiones y 98 de las 310 concesiones.
Operadora Macrobús, con 29 concesiones, es la que tiene más; esta compañía, que opera el sistema de MiMacroCalzada y parte de MiMacroPeriférico más alimentadoras, tiene permiso para trabajar con 367 unidades.
La empresa del boxeador Saúl ‘El Canelo’ Álvarez, Transbús El Salto, es la segunda compañía con más camiones autorizados para circular con 288 que forman parte de 14 concesiones emitidas a su favor.
Después está la empresa Peribús Metropolitano, que opera parte de Mi MacroPeriférico más alimentadoras. Tiene 15 concesiones con 287 camiones con permiso.
El resto de empresas lo componen Unibús Puerto Vallarta, Transporte Público Estructurado, Servicios Coordinados Tlajomulco, Autotransportes GDL Chapala, Ruta 176B Tutsa, Vanguardia y Cambio y Autotransportes Sanver.
SIN CAMIONES
El proyecto también identificó ocho concesiones que fueron otorgadas considerando cero camiones para cada una, lo que resulta ilógico.
Las concesiones corresponden a las rutas C89, C92, C94 y C95, de la empresa Vanguardia y Cambio, y la C-04 Plan de los Rodríguez–Adelita, C-05 Tecnológico–Centro, CS-06 San Antonio–Lagos de Moreno, y CS-02 El Refugio–Lagos de Moreno, de la empresa Transporte UNLA.
“El padrón oficial registra estas 8 rutas con estado ‘asignación vigente’ y 0 vehículos en ese campo. Esto no demuestra por sí solo que no operen: pueden estar suspendidas, fusionadas, en transición, o tener unidades registradas bajo otro instrumento”, describe la plataforma.
Acusan contradicciones en tarifa y subsidios
Las contradicciones entre acuerdos oficiales, cambios en las cifras del subsidio y dudas sobre cuál es realmente la tarifa del transporte público marcaron la comparecencia de funcionarios estatales ante diputados y colectivos ciudadanos, situación que derivó en el acuerdo de instalar una mesa técnica para esclarecer el esquema tarifario y los subsidios otorgados a transportistas.
Tras casi dos meses de cancelar una primera cita a comparecer, dos de los tres secretarios rindieron cuentas ante la comisión especial temporal del Congreso local que analiza el alza a la tarifa del transporte. Uno de ellos fue el secretario de Transporte, Diego Monraz Villaseñor, y el otro el secretario de Hacienda, Luis García Sotelo.
Durante la sesión, integrantes del Observatorio Ciudadano de Movilidad cuestionaron la falta de claridad en el esquema tarifario luego de que distintos documentos oficiales manejaran montos de 13.03, 13.60 y hasta 14 pesos, además de discrepancias sobre la fecha en que comenzó a aplicarse el subsidio a transportistas.
Los activistas señalaron que mientras un acuerdo firmado por el gobernador establecía que el subsidio entraría en vigor a partir de abril, posteriormente apareció otro documento donde el apoyo de 2.60 pesos por viaje se aplicó de manera retroactiva desde enero. Esto, dijeron, derivó en la aprobación de más de 141 millones de pesos para concesionarios sin que exista claridad pública sobre el cálculo utilizado.
En respuesta, el secretario de Transporte explicó que existen tres conceptos distintos: tarifa ponderada, tarifa al público y tarifa social. Señaló que la tarifa ponderada multianual aprobada para el periodo 2026-2030 es de 13.03 pesos, mientras que la tarifa al usuario se redondeó en 14 pesos y la tarifa social quedó en 11 pesos gracias al subsidio estatal.
Pese a las explicaciones, colectivos insistieron en que persisten vacíos y contradicciones en torno a los acuerdos tarifarios y exigieron transparentar tanto el cálculo del subsidio como las condiciones bajo las cuales se entregan recursos públicos a los transportistas.
Ante ello, diputados, funcionarios y representantes ciudadanos acordaron instalar una mesa técnica para revisar los documentos, aclarar las discrepancias sobre las tarifas y transparentar el mecanismo de subsidios al transporte público. Miguel Ángel Vidal
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