La venta de cigarros ilegales en México se ha convertido en uno de los negocios emergentes del crimen organizado y Jalisco figura entre las entidades donde este fenómeno ha registrado un crecimiento acelerado.
De acuerdo con el estudio ‘Cigarros ilegales y crimen organizado’, elaborado por el Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México, el comercio ilícito de tabaco aumentó 240 por ciento a nivel nacional entre 2017 y 2023, al pasar de 8.5 a 20.4 por ciento del consumo total. En Guadalajara, la situación es aún más preocupante: la presencia de cigarros ilegales creció de 10.6 a 23.9 por ciento durante el mismo periodo.
Detrás de este mercado no sólo existe evasión fiscal y riesgos para la salud pública. La investigación advierte que organizaciones criminales han encontrado en el comercio de tabaco una fuente de ingresos de bajo riesgo y alta rentabilidad. Mientras el ‘Cártel de Sinaloa’ ha sido vinculado al contrabando de cigarros provenientes de Asia, el estudio señala que el ‘Cártel Jalisco Nueva Generación’ ha desarrollado un modelo basado en la producción nacional.
La investigación también documenta el surgimiento del llamado ‘Cártel del Tabaco’, una organización que habría aparecido en 2018 y que actualmente mantiene presencia en más de 10 estados del país, entre ellas Jalisco. Según el análisis, esta estructura opera mediante amenazas, extorsiones y presiones contra comerciantes para obligarlos a vender determinadas marcas de cigarros ilegales.
La investigación advierte que los cigarros de contrabando, falsificados o comercializados fuera de la regulación sanitaria se venden de manera abierta en tianguis, mercados populares, tiendas de abarrotes y comercios informales, donde su bajo costo los convierte en una alternativa atractiva para consumidores de bajos ingresos.
El documento señala que, de una muestra analizada, cuatro de las cajetillas identificadas tenían como origen de fabricación el estado de Jalisco.
NEGOCIO ATRACTIVO
El estudio destaca que el comercio ilegal de tabaco se ha convertido en una actividad rentable para grupos delictivos debido a los bajos costos de producción, la alta demanda y las sanciones relativamente reducidas que contempla la ley.
Mientras delitos como el secuestro pueden alcanzar penas de hasta 140 años de prisión, el comercio ilegal de tabaco se castiga con penas que van de uno a nueve años de cárcel, lo que reduce considerablemente los riesgos para quienes participan en esta actividad.
Otro de los aspectos que preocupa a los investigadores es la facilidad con la que menores de edad pueden acceder a estos productos. La venta de cigarros sueltos en tiendas, mercados y puestos ambulantes permite adquirir una pieza por alrededor de 5 pesos.
Además, los cigarros ilegales suelen venderse a precios considerablemente más bajos que las marcas reguladas, con cajetillas que pueden encontrarse entre 20 y 30 pesos, frente a productos legales que alcanzan costos mucho mayores y rebasan los 100 pesos.
FALTA VIGILANCIA
El estudio concluye que el comercio ilegal de tabaco recibe poca atención gubernamental, mediática y social pese a sus implicaciones económicas y de seguridad. Los autores advierten que existe escasa información sobre decomisos, controles aduaneros y redes de distribución, lo que dificulta dimensionar el verdadero alcance del problema.
Acerca del ‘Cártel del Tabaco’, este grupo ha sido señalado en investigaciones periodísticas y análisis especializados por su presunta participación en la distribución y comercialización de cigarros ilegales en distintas regiones del país.
De acuerdo con la investigación, esta estructura habría desarrollado mecanismos que van desde la extorsión y las amenazas contra pequeños comerciantes hasta el control de determinadas marcas dentro del mercado informal.
JALISCO, PIEZA CLAVE
La investigación también cita reportes que vinculan la expansión del denominado ‘Cártel del Tabaco’ con el respaldo del ‘Cártel Jalisco Nueva Generación’, particularmente por el control de rutas de distribución y mercados informales. Según el documento, esta relación habría permitido fortalecer la comercialización de cigarros ilegales mediante redes de protección, intimidación y control territorial.
Los investigadores advierten que el comercio ilícito de tabaco representa un desafío que va más allá de la salud pública o la evasión fiscal, ya que puede convertirse en una fuente adicional de financiamiento para estructuras criminales que diversifican sus actividades hacia mercados considerados de menor riesgo penal.
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