La consulta pública sobre los nuevos lineamientos para garantizar los derechos de las audiencias abrió un nuevo frente de discusión entre el Gobierno federal y sectores de la industria de la radiodifusión, luego de que surgieran acusaciones de un posible mecanismo de censura que la administración de Claudia Sheinbaum rechazó de manera categórica.

La presidenta aseguró que los lineamientos elaborados por la autoridad reguladora aún no entran en vigor, pues permanecen en consulta pública para recibir observaciones de concesionarios, especialistas y ciudadanos.

"Es absolutamente falso que el objetivo del gobierno sea censurar; es garantizar los derechos de las audiencias", sostuvo.

Sheinbaum explicó que la reforma en materia de telecomunicaciones fue aprobada hace varios meses tras un proceso de diálogo con la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) y que la legislación ya establecía la obligación de emitir lineamientos para proteger los derechos de las audiencias.

"La ley se aprobó dialogando con la Cámara. Fue el esquema para garantizar el derecho de las audiencias. Y ahora está esta consulta pública; los lineamientos de la Comisión ni siquiera se han emitido. Se publicaron para consulta", señaló.

La mandataria insistió en que el propósito de la norma es garantizar un derecho constitucional y no crear instrumentos para controlar los contenidos de los medios de comunicación.

Explicó que el proyecto mantiene la figura del defensor de las audiencias, quien será designado por cada empresa concesionaria y tendrá la función de recibir inconformidades del público cuando considere que una información fue inexacta, incompleta o careció de pluralidad.

"Si tú eres una empresa de radio... tú mismo nombras a tu defensor del derecho de las audiencias. Esa persona tiene que establecer un espacio en donde la audiencia pueda quejarse", explicó.

Agregó que la función del defensor consiste en promover mecanismos internos para mejorar la calidad de la información y garantizar el derecho de réplica cuando corresponda.

"El defensor de las audiencias tiene que generar las condiciones dentro de la empresa para que se permita tener una información más plural", dijo.

Reconoció que el punto que ha generado mayor discusión corresponde al régimen de sanciones previsto en los lineamientos, razón por la cual la autoridad decidió abrir el documento a consulta pública antes de emitir una versión definitiva.

"Hay un tema que tiene que ver con las multas... Esa es la parte más polémica. Por eso se abre la consulta pública para discutir cómo se puede quejar la empresa si hay una sanción y quién pone la sanción", explicó.

Al ser cuestionada sobre el riesgo de que una crítica al gobierno pudiera interpretarse como una violación a los derechos de las audiencias, Sheinbaum rechazó esa posibilidad y afirmó que el mecanismo está diseñado para proteger a la ciudadanía, no a las autoridades.

"No, si es el gobierno, son las audiencias. Es el pueblo, es la gente, es la ciudadanía que pueda tener un espacio para decirle: 'Oye, quiero mejorar el derecho a la información', que es constitucional", respondió.

Las declaraciones ocurren mientras la consulta pública sobre los lineamientos genera debate entre concesionarios, organizaciones civiles y especialistas en libertad de expresión.

El principal punto de discusión se concentra en el alcance de las sanciones y en los mecanismos para hacer exigibles los derechos de las audiencias sin afectar la libertad editorial de los medios. El proyecto continúa abierto para recibir comentarios antes de que la autoridad reguladora determine su versión final.

AL