El abogado Fernando Gómez Mont, defensor del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, aseguró que la vinculación a proceso y las condiciones de internamiento en el penal del Altiplano son medidas injustas y desproporcionadas. Señaló que a su cliente se le está aplicando un régimen de delincuencia organizada diseñado para casos de violencia, pese a que se trata de una acusación de carácter patrimonial.

El también exsecretario de Gobernación explicó que tras la decisión judicial se abrió un periodo de seis meses para la investigación complementaria, tanto para la Fiscalía General de la República como para la defensa, con el objetivo de presentar y revisar las pruebas del caso.

Gómez Mont indicó que uno de los principales objetivos de la defensa será modificar las condiciones de reclusión de Ruffo Appel, al considerar que existen alternativas previstas en la ley debido a su edad y a la naturaleza de los señalamientos.

El abogado cuestionó las pruebas presentadas por la Fiscalía, al afirmar que la acusación contra el exgobernador se basa en que era accionista de una empresa investigada, secretario del consejo y que recibió un préstamo con anterioridad, pero sostuvo que no existe evidencia de que conociera o participara en una operación relacionada con el contrabando ilegal de combustible.

Finalmente, Gómez Mont advirtió que el caso envía un mensaje preocupante sobre el uso de las instituciones de justicia y afirmó que aplicar medidas extraordinarias contra personas que no representan un riesgo para la sociedad puede generar una percepción de abuso de poder. Aunque dijo desconocer si habrá más personas del ámbito político involucradas en la investigación, señaló que la falta de claridad en las acusaciones puede abrir espacio a interpretaciones y cuestionamientos sobre el proceso.

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GR