El Índice de Calidad del Agua (ICA) utilizado para evaluar el río Santiago matiza la gravedad de la contaminación y no refleja plenamente las condiciones ambientales de la subcuenca Santiago-Guadalajara, advierte Salvador Peniche Camps en una investigación que contrasta datos oficiales con observaciones y registros de Ocotlán, El Salto y San Cristóbal de la Barranca.

La investigación ‘Realidad y sesgo sobre la hierofanía epistemológica en la política de aguas en la subcuenca Santiago en Guadalajara, México’ plantea que los indicadores oficiales pueden minimizar la gravedad ambiental observada en territorio. Peniche Camps cuestiona que el conocimiento técnico se presente como una verdad incuestionable, pese a que los modelos y criterios utilizados influyen en sus resultados.

En Ocotlán, por ejemplo, los registros oficiales califican el agua como “levemente contaminada”, mientras que la investigación describe eutrofización masiva, olores tóxicos y presencia de metano y ácido sulfhídrico, asociados con descargas industriales, entre ellas las de la actividad tequilera.

En El Salto, donde se concentran alrededor de 400 empresas y existen niveles elevados de fósforo, el autor identifica otra brecha. Los registros públicos referidos no muestran efectos en la salud, mientras testimonios ciudadanos mencionan casos de insuficiencia renal, cáncer y parálisis cerebral.

El contraste más marcado aparece en San Cristóbal de la Barranca, que recibe aguas residuales de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Según los datos citados en la investigación, en 2024 se registraron más de 105 millones de coliformes fecales, frente a una norma de entre mil y 2 mil unidades.

A partir de estos casos, Peniche Camps sostiene que el ICA puede matizar la gravedad de la contaminación al concentrar distintas variables en un indicador que no necesariamente permite dimensionar los riesgos ambientales y sociales de cada zona.

En el río Santiago, el análisis cuestiona que el saneamiento se concentre en plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR). Señala que durante la administración de Enrique Alfaro se destinaron cerca de 7 mil millones de pesos a esta infraestructura y que el modelo busca continuar.

Peniche también vincula el saneamiento con procesos de privatización que, sostiene, pueden favorecer intereses económicos mientras persiste el deterioro ambiental.

Para el autor, esto ha convertido la región en una “zona de sacrificio”, donde las comunidades asumen los costos ambientales y sociales del desarrollo productivo.

Ante este escenario, la investigación propone fortalecer espacios autónomos de ciencia ciudadana para generar información independiente y contrastar los datos oficiales sobre la calidad del agua, con el objetivo de documentar con mayor precisión los impactos de la contaminación y avanzar hacia la justicia ambiental.

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