La senadora del PRI por Sinaloa, Paloma Sánchez, rechazó la propuesta y sostuvo que la eventual llegada de Domínguez representa la continuidad del grupo político de Rocha Moya.
A través de redes sociales, afirmó que Morena había expresado previamente su inconformidad con el regreso del gobernador, pero ahora, dijo, permite que impulse a una persona de su mismo equipo político.
“Graciela Domínguez es más de lo mismo; es del grupo político cómplice de Rocha”, sostuvo la legisladora, quien también cuestionó su desempeño como secretaria de Educación.
Sánchez acusó que durante esa gestión hubo deficiencias en infraestructura y atención educativa y sostuvo que la eventual gobernadora interina no representaría un cambio en la conducción del estado.
“En Sinaloa mandan los criminales y en Morena manda Rocha”, afirmó.
Piden juicio político
En el Congreso local, la diputada priista Paola Gárate Valenzuela también rechazó la propuesta de Domínguez y anunció que este martes presentará formalmente una solicitud de juicio político contra Rubén Rocha Moya, con la intención de buscar su destitución e inhabilitación.
Señaló que la crisis política de Sinaloa no puede resolverse únicamente mediante el nombramiento de una persona encargada del Ejecutivo.
Recordó que Rocha Moya permaneció 112 días con licencia, regresó a la gubernatura el 21 de agosto y, aproximadamente 34 horas después, volvió a solicitar su separación temporal del cargo.
“La gubernatura de Sinaloa no puede abrirse y cerrarse según la conveniencia de una persona”, sostuvo.
La legisladora cuestionó además que la propuesta de Domínguez se haya planteado sin un acuerdo con las distintas fuerzas políticas y afirmó que tampoco se consultó a sectores empresariales, organizaciones sociales, universidades, colectivos de víctimas y productores.
Gárate Valenzuela también advirtió que, al tratarse de una licencia temporal, Rocha Moya mantiene abierta la posibilidad jurídica de reincorporarse a la gubernatura mientras no exista una falta absoluta, una renuncia aceptada u otra determinación que modifique su situación constitucional.
La diputada sostuvo que esta incertidumbre es uno de los argumentos para promover el juicio político y buscar la destitución del gobernador constitucional y la inhabilitación que pudiera corresponder.
La legisladora también cuestionó la continuidad de la estructura política vinculada a Rocha Moya durante el anterior interinato y advirtió que repetir ese esquema podría prolongar la crisis que enfrenta Sinaloa.
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