Ayer se planteó hacer obligatoria la licencia estatal para asesores y agencias inmobiliarias, además de establecer capacitación y un registro público para verificar a quienes ofrecen estos servicios. La iniciativa de reforma a la ley estatal fue presentada por la diputada Gabriela Cárdenas Mendoza en el Congreso de Jalisco.
La propuesta busca modificar la Ley para el Registro y Acreditación de los Prestadores de Servicios en Materia Inmobiliaria del Estado de Jalisco con el argumento de reducir los riesgos de fraude y dar mayor certeza a quienes realizan operaciones de compra, venta o renta de inmuebles.
La reforma plantea tres cambios principales. El primero es establecer como obligatoria la acreditación estatal para asesores, asesoras y agencias inmobiliarias. Quienes operen sin cumplir con este requisito podrían recibir multas de entre 5 mil y 17 mil 500 pesos, así como amonestaciones, suspensión o revocación de la licencia.
La iniciativa contempla un periodo de gracia de un año para que quienes ya trabajan en el sector puedan realizar el trámite sin recibir sanciones.
El segundo cambio consiste en convertir el registro estatal en una plataforma de consulta pública para que cualquier persona pueda verificar si el asesor o agencia con quien pretende realizar una operación cuenta con licencia.
El tercer eje establece capacitación obligatoria y permanente. Los asesores deberán cursar una formación especializada, como un diplomado, pero no será necesario contar con un título universitario ni pertenecer a una asociación inmobiliaria privada.
Durante la presentación, Cárdenas Rodríguez señaló que la legislación vigente, aprobada en diciembre de 2020, estableció un registro voluntario que hasta ahora ha permitido acreditar únicamente a 258 asesores ante la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) frente a unos 4 mil 500 vinculados a asociaciones y 10 mil independientes.
A la par, Cárdenas Rodríguez reportó 865 casos de fraude inmobiliario y más de 10 mil carpetas por falsificación, suplantación de identidad y fraude.
Por su parte, la directora del Registro Público de la Propiedad y Comercio de Jalisco, Patricia Ortega Híjar, señaló que en la dependencia que encabeza se detectan casos de propiedades vendidas más de una vez, embargos no advertidos, falsos propietarios y errores en escrituras, por lo que recomendó que los asesores se apoyen en abogados especializados en materia inmobiliaria y analistas financieros para revisar la situación jurídica y financiera de las propiedades antes de concretar una operación.
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