Tras una auditoría al procedimiento de contratación de Servicios Broxel para generar, distribuir y administrar la Tarjeta Única, la Contraloría del Estado encontró presuntas irregularidades que ahora tiene bajo investigación para determinar posibles sanciones.

La Contraloría inició en febrero de este año una auditoría al proceso de licitación pública nacional 690/2025 para la adquisición de un “servicio integral para la modernización de la entrega de beneficios para las personas ‘al estilo Jalisco’ relativa a la expedición y operación de la Tarjeta Única”, con la que la Secretaría de Administración contrató a Servicios Broxel.

Desde su contratación, el procedimiento fue señalado debido a que Broxel fue la única empresa que participó en el proceso y logró un contrato con el que obtiene 5.45 pesos mensuales por cada tarjeta activa, teniendo como mínimo la expedición de 1.5 millones de tarjetas y como máximo de 5 millones de unidades.

También fue criticada la Tarjeta Única porque tiene comisiones por transacciones y abre la posibilidad de que la empresa comercialice los datos personales que entregan las y los usuarios. Además, en su momento hubo marchas en su contra, ya que se pretendía condicionar el subsidio a la tarifa del transporte público a contar con esta tarjeta, lo que, tras la presión social, fue desechado.

En medio de ese contexto fue que inició la auditoría por parte de la Contraloría del Estado. El proceso de revisión finalizó el 23 de julio de este año.

La Contraloría informó que generó un pliego con cinco observaciones por posibles anomalías en la contratación, y aunque la Secretaría de Administración solventó tres de ellas, dos quedaron sin resolverse.

La primera presunta irregularidad notada y que no se resolvió tiene que ver con inconsistencias que la Contraloría encontró en el proceso de investigación de mercado. El documento público de las observaciones no describe a detalle las inconsistencias.

La segunda es acerca de inconsistencias técnicas, falta de justificación del gasto y riesgos en la gestión de los datos personales.

Tras concluir la autoría se generó un dictamen de posible responsabilidad administrativa que ahora se encuentra en el área de la Autoridad Investigadora de la propia Contraloría del Estado.

El expediente no es público y tampoco tiene una versión pública, a pesar de que la Contraloría es ahora el órgano garante de la transparencia. A través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), a solicitud de NTR, el organismo justificó la reserva del documento y la no generación de una versión pública alegando que el proceso de investigación sigue abierto.

NTR Guadalajara cuestionó a la Secretaría de Administración sobre los resultados de la auditoría, pero hasta hoy no dio respuesta alguna.

Lo pendiente

La primera de las dos observaciones no solventadas por Administración tiene que ver con inconsistencias en el proceso de investigación de mercado. La segunda aborda inconsistencias técnicas, falta de justificación del gasto y riesgos en la gestión de los datos personales.

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