La respuesta policial desplegada tras la manifestación masiva del domingo por la crisis del agua en el centro de Guadalajara fue "sumamente violenta, excesiva e intimidatoria", reprochó Edgar Cortez, investigador e integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD).

El especialista en derechos humanos señaló que, si bien la jornada inició como un ejercicio legítimo de protesta ciudadana y posteriormente se registraron actos de violencia, la irrupción de grupos de choque genera interrogantes sobre su origen que el Gobierno del Estado está obligado a esclarecer. Sin embargo, enfatizó que nada justifica el uso abusivo de la fuerza contra la población general.

Cortez advirtió que durante los operativos de dispersión se cometieron severas irregularidades administrativas y procesales. Recordó que la Ley Nacional del Uso de la Fuerza exige que la respuesta policial sea estrictamente proporcional para evitar escalar la violencia.

Sin embargo, los elementos de seguridad utilizaron la agresión física para amedrentar a las y los manifestantes, rebasando por completo el nivel de riesgo presente.

El investigador recordó que toda autoridad que arreste a un ciudadano tiene la obligación inmediata de inscribirlo en el Registro Nacional de Detenciones (RND), para transparentar su paradero, proteger sus derechos y evitar situaciones de incomunicación.

Ante estos abusos, el activista instó a las víctimas y colectivos a documentar agresiones mediante vídeos y evidencias para presentar y dar seguimiento formal a las denuncias correspondientes.

Finalmente, el integrante del IMDHD expuso la contradicción entre las garantías ofrecidas por el gobernador Pablo Lemus Navarro, quien prometió un entorno de libre manifestación pacífica y familiar y la actuación represiva de policías en las calles.

AL