Las plataformas digitales tendrán 30 días naturales para acreditar las medidas que adopten contra la exposición de niñas, niños y adolescentes a contenidos violentos, de abuso sexual y acoso en internet.
El gobierno federal estableció el plazo tras negociar con las principales empresas tecnológicas y advirtió que, si incumplen el decreto presidencial, impulsará una ley que contemple sanciones.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que las compañías solicitaron un mes para adaptar sus sistemas de protección, después de una segunda reunión con representantes de Meta, Microsoft, Apple, TikTok, Google, X y otras plataformas.
"Las plataformas estuvieron de acuerdo. Lo único que pidieron fue un mes para poder preparar sus plataformas para que esto sea una realidad", explicó la presidenta.
El acuerdo introduce una diferencia entre la obligación jurídica y su cumplimiento: el decreto será obligatorio desde su entrada en vigor, pero no establece multas inmediatas. Las empresas deberán documentar sus avances durante el primer mes y reportarlos a las autoridades mexicanas.
La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, explicó que las compañías aceptaron las disposiciones sin manifestar resistencia y reconocieron la necesidad de fortalecer los mecanismos que ya utilizan para detectar y retirar publicaciones perjudiciales para menores de edad.
El decreto prohíbe que las plataformas permitan a menores de edad el acceso, exposición o recomendación de contenidos relacionados con discursos de odio, extremismo violento, explotación y violencia sexual, suicidio, autolesiones, trastornos alimenticios, violencia escolar, acoso, ciberacoso, conductas ilícitas y material sexual explícito.
Para cumplirlo, las empresas deberán incorporar mecanismos de verificación de edad, clasificación de contenidos y herramientas de supervisión parental. También tendrán que habilitar canales para denunciar publicaciones violentas y retirarlas de inmediato cuando correspondan a las conductas previstas.
Una disposición modifica el funcionamiento de las cuentas infantiles y adolescentes: la privacidad y los mecanismos de seguridad deberán estar activados de manera predeterminada. Las familias no tendrán que buscar esas restricciones para proteger a los menores.
Las plataformas deberán publicar sus criterios para identificar y retirar contenido perjudicial, lo que permitirá conocer las reglas que emplearán para cumplir las nuevas obligaciones.
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Colaboración con autoridades y posibles sanciones
El decreto también establece una relación directa entre las compañías tecnológicas y las instituciones de seguridad y procuración de justicia.
Cada plataforma deberá contar con un punto de contacto permanente para recibir requerimientos de las autoridades investigadoras, preservar información relevante y entregar evidencia relacionada con investigaciones. También deberá alertar cuando detecte contenido que atente contra la vida.
La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones dará seguimiento a los mecanismos adoptados por las empresas y revisará los informes que presenten dentro del plazo establecido.
Sheinbaum advirtió que el gobierno podría abandonar el esquema sin sanciones si las compañías incumplen.
"Si vemos que no se está cumpliendo, entonces pasaríamos a una ley que también implicaría sanciones a las plataformas", afirmó.
La Consejería Jurídica coordinará una mesa de trabajo para examinar posibles disposiciones legislativas adicionales. El decreto constituye así una primera exigencia federal a las plataformas, con la posibilidad de endurecer su regulación.
La estrategia incluye la Línea de la Vida, que ofrece orientación psicológica, y el programa "ABC de las emociones", mediante el cual las autoridades educativas y sanitarias promueven información sobre salud mental y uso consciente de redes sociales entre estudiantes y familias.
El primer examen del decreto llegará con los informes de las empresas: deberán demostrar qué mecanismos incorporaron para cumplir las obligaciones que aceptaron ante el gobierno mexicano.
AL
