Las bancadas de Morena, Futuro, Hagamos y el Partido del Trabajo (PT) en el Congreso local exigieron la destitución del secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández González, así como la separación de los demás funcionarios responsables de la represión del 11 de octubre. Además, informaron que analizan recurrir al juicio político y otras vías para fincar responsabilidades y garantizar justicia a las personas agredidas y detenidas durante la protesta por el derecho al agua limpia.
En un pronunciamiento conjunto, las cuatro fuerzas políticas exigieron al gobernador Pablo Lemus Navarro iniciar de inmediato los procedimientos para separar de sus cargos a los servidores públicos que ordenaron, permitieron o ejecutaron las agresiones contra manifestantes pacíficos durante la movilización afuera de Casa Jalisco.
También demandaron la restitución de derechos, la reparación integral del daño y medidas para evitar que se repitan estos hechos en favor de las más de 50 personas que, de acuerdo con el documento, fueron víctimas de violencia y detenciones durante la protesta.
Las bancadas sostuvieron que la liberación de las personas detenidas, tras los reclamos de la sociedad organizada, no es suficiente si no se investigan y sancionan las responsabilidades de los mandos y funcionarios involucrados. Acusaron a los cuerpos policiales de ejercer violencia ilegal y uso excesivo de la fuerza pública.
Como parte de las acciones para buscar justicia, señalaron que evalúan mecanismos como el juicio político, contemplado en la legislación local, para que los funcionarios responsables enfrenten las consecuencias de sus actos.
Asimismo, hicieron un llamado al Poder Judicial de Jalisco para que desista de cualquier intento de imputar o juzgar a las personas que, afirmaron, fueron detenidas arbitrariamente por exigir agua limpia, y pidió que las responsabilidades se finquen a quienes instruyeron, solaparon o ejecutaron las agresiones físicas y emocionales durante la protesta.
En el posicionamiento, las cuatro bancadas insistieron en que las autoridades de seguridad deben responder por sus actuaciones y garantizar que el uso de la fuerza pública tenga como finalidad proteger a la población, no reprimirla.
CES
