Reconociendo fallas en el operativo policial del 11 de octubre y ante los cuestionamientos por la falta de transparencia en las cifras delictivas y el gasto en tecnología, el titular de la Secretaría de Seguridad del Estado (SSE), Juan Pablo Hernández González, compareció ante el Congreso local, donde presentó resultados de detenciones y reducción de delitos, pero dejó sin aclarar quién ordenó el despliegue policial durante la primera Megamarcha por el Agua Limpia en las inmediaciones de Casa Jalisco.
Durante su participación en la glosa del segundo Informe de Gobierno de Pablo Lemus Navarro, el funcionario aseguró que se elaboró una orden general de operaciones con los protocolos correspondientes, pero no identificó quién ordenó el despliegue policial el 11 de octubre. Añadió que también se investiga si hubo fallas de coordinación con bomberos durante el lanzamiento de chorros de agua contra manifestantes.
La coordinadora legislativa de Futuro, Tonantzin Cárdenas Méndez, exigió aclarar la metodología de medición y el costo de las adquisiciones tecnológicas, entre ellas la ampliación del Escudo Urbano C5, drones, robots y vehículos Cybertruck.
El secretario respondió que las tres unidades Cybertruck están en funcionamiento, pero no precisó los montos invertidos ni presentó indicadores para evaluar los resultados de esas adquisiciones.
Por su parte, el coordinador del Partido del Trabajo (PT), Leonardo Almaguer Castañeda, cuestionó las condiciones laborales de las personas privadas de la libertad que trabajan para la Industria Jalisciense de Rehabilitación Social (Injalreso). Afirmó que reciben alrededor de 88 pesos diarios por jornadas de ocho horas y pidió aclarar el destino de 26 millones de pesos (mdp) reportados como subsidios a actividades productivas.
Hernández González no respondió sobre los salarios ni el ejercicio de esos recursos y se comprometió a retomar las mesas de diálogo sobre el organismo.
En cuanto a los resultados operativos, el secretario resaltó la detención de 122 generadores de violencia, así como el desmantelamiento de 12 bandas delictivas y la captura de 20 objetivos buscados por agencias estadounidenses.
También informó el aseguramiento de 6 mil 450 vehículos, 60 armas de fuego y 1 millón 258 mil plantas de droga. Atribuyó a cifras federales una reducción de 35 por ciento en homicidios y de 46 por ciento en extorsiones, aunque no precisó el periodo de comparación.
LE EXIGEN DESTRABAR INICIATIVAS Y DECRETOS
También durante la glosa, pero en la intervención del titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG), Carlos Arias Madrid, diputadas y diputados lo cuestionaron por el rezago legislativo, las desapariciones y las agresiones policiales contra manifestantes.
Arias Madrid compareció para presentar resultados generales de la dependencia. Destacó un incremento de 28 por ciento en el presupuesto de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco (Cobupej), la contratación de 38 personas más y un indicador de localización de 67.17 por ciento durante los primeros 10 meses de 2026.
También anunció la actualización de los lineamientos para atender expresiones sociales, que, según dijo, tienen más de 20 años sin modificaciones a fin de adecuarlos al marco legal vigente y a los derechos humanos.
La diputada de Futuro Mariana Casillas Guerrero cuestionó quién ordenó las agresiones contra manifestantes durante los operativos del 11 y 18 de octubre, y si la Subsecretaría del Interior de la SGG realiza fichas y seguimiento individualizado a activistas.
En respuesta, el secretario sostuvo que se realizan investigaciones y defendió el seguimiento institucional a los movimientos sociales como una herramienta de diálogo, pero no aclaró si existen registros individualizados de manifestantes.
Por su parte, el coordinador de Hagamos, Tonatiuh Bravo Padilla, cuestionó que, a un mes de las agresiones del 11 de octubre en Casa Jalisco, ningún policía o mando estuviera vinculado a proceso mientras seis manifestantes enfrentaban procesos penales. Arias Madrid argumentó que Asuntos Internos debe respetar los plazos legales y el derecho de audiencia de los elementos investigados.
En su réplica, Bravo Padilla proyectó fotografías de manifestantes lesionados y señaló posibles actos de tortura y tratos crueles. También afirmó que cuatro de los seis vinculados a proceso no habían sido contactados por el gobierno para ofrecerles reparación del daño. Arias Madrid aseguró que no habrá encubrimiento y que se colabora con las comisiones nacional y estatal de derechos humanos en sus investigaciones.
La socialización de la central de ciclo combinado que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) proyecta construir en Acatlán de Juárez comenzará hasta que se resuelva la licitación y se confirme la disponibilidad de la planta, adelantó el titular de la Secretaría de Desarrollo Energético Sustentable (Sedes), Manuel Herrera Vega, ante los cuestionamientos por la falta de información a habitantes de la región.
Durante su comparecencia ante el Legislativo como parte de la glosa del segundo Informe de Gobierno del Ejecutivo, el funcionario fue cuestionado sobre las manifestaciones de habitantes de Zacoalco de Torres, Villa Corona y Acatlán, quienes han reclamado la falta de información sobre el proyecto y sus posibles impactos ambientales.
Herrera respondió que, debido a la alta demanda mundial de equipos para generación energética, no hay disponibilidad inmediata de las plantas. Añadió que una vez que se emita el fallo de la licitación y se conozca que sí habrá una central, la CFE comenzará el proceso de socialización. El gobierno estatal también participará en las actividades informativas, sostuvo.
El proyecto contempla una central de ciclo combinado de 500 megawatts. Según el secretario, requerirá una inversión aproximada de 45 mil millones de pesos y su producción abastecerá a distintas zonas del estado mediante las líneas de transmisión y distribución.
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