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Denuncian pagos irregulares en IEPC

Denuncian pagos irregulares en IEPC

Ante los pagos irregulares que hizo el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) del Estado de Jalisco a la ex presidenta del organismo, Paula Ramírez Höhne y a quien fuera su secretario ejecutivo, Christian Flores Garza, el presidente de la organización ciudadana Contraloría Ciudadana Independiente, Jorge Carlos Ruiz Romero, solicitó la intervención de la Contraloría estatal para que abra una investigación. 

Ruiz Romero presentó ayer la denuncia administrativa en contra de ambos ex funcionarios, “así como en contra de quienes resulten responsables en las áreas de Administración, Asuntos Jurídicos y del Órgano Interno de Control (OIC)”. 

Explicó que en su recurso solicita la intervención directa de la Contraloría porque el OIC del IEPC “se encuentra inmiscuido por probables omisiones”. 

En la denuncia se recuerda que, según información publicada en el portal de transparencia del instituto, documentos de 2023 “revelan que la Contraloría General del IEPC ya había identificado deficiencias en la publicación de remuneraciones y prestaciones, emitiendo recomendaciones que presuntamente no fueron supervisadas ni corregidas, permitiendo la consumación de los pagos irregulares que hoy se denuncian”. Por ello, agrega, es evidente la “pérdida de imparcialidad y la omisión en su deber de vigilancia” por parte del OIC. 

En los hechos denunciados relata que Paula Ramírez presentó su renuncia el 9 de junio, la cual se hizo efectiva el 30 de ese mismo mes. La ex funcionaria recibió un finiquito de 420 mil pesos brutos y uno de los conceptos que se incluyeron fue “vacaciones no disfrutadas”, el cual fue por 245 mil 504.16 pesos. Este último monto corresponde a 48 días de sueldo, a los cuales no tenía derecho porque las normas internas del organismo marcan un límite de 30 días, además que las áreas de Administración y Asuntos Jurídicos dijeron no localizar los documentos que respaldan el pago. 

Por su parte, Christian Flores recibió 684 mil 517 pesos, de los cuales 429 mil 835 pesos corresponden a una indemnización de tres meses de salario y 12 días por cada año trabajado. Este último monto se basa en un artículo del Código Electoral que se refiere a un trabajador cuya reinstalación se ordena en una sentencia, ante lo que el organismo puede optar por indemnizarlo, por lo que no aplicaba al caso del ex funcionario. 

Carlos Ruiz pidió a la titular de la Contraloría, Teresa Brito Serrano, asumir la competencia para investigar estos hechos y emitir en su momento el informe de presunta responsabilidad administrativa “para que el Tribunal de Justicia Administrativa finque las sanciones correspondientes y ordene la restitución de los recursos presuntamente desviados al erario público”. 

 

 

BG/I

 

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