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El voto despojando afores
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) urgió a las autoridades a atender y erradicar la desaparición de personas en el estado, luego de tres años de silencio en el tema pese al incremento de casos que coloca a la entidad en segundo lugar a nivel nacional.
Al emitir un paquete de siete recomendaciones, de las cuales dos acreditan casos de desaparición forzada o involuntaria, el titular del organismo, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, dejó de ser un actor pasivo respecto al fenómeno y dirigió 27 peticiones sobre el tema al fiscal de Derechos Humanos, a los presidentes municipales de todo el estado y a los diputados federales y locales.
“A la fecha, persiste esta deleznable práctica que se agrava por la omisión o actuación deficiente de autoridades. Por tanto, resulta evidente que deben reforzarse esfuerzos para atender, combatir y erradicar el delito de desaparición de personas”, señaló tras recordar que el organismo se pronunció respecto al fenómeno de la desaparición de personas en abril de 2013.
Álvarez Cibrián justificó el silencio del organismo bajo el argumento de que el tema ha estado permanentemente en la agenda de la CEDHJ, además de que personal del organismo ha participado en reuniones y actualmente la Primera Visitaduría investiga la cremación de cuerpos de personas no identificadas, acción por la que “no nos hemos pronunciado, porque está en trámite esa investigación”.
Por ello, agregó, el pronunciamiento, más que pedir, propone, pues para la CEDHJ se requieren mejorar los procedimientos de búsqueda e investigación de casos en los que se reportan personas desaparecidas con mayor coordinación interinstitucional, mejores herramientas y mecanismos eficientes.
Por esta razón, al fiscal de Derechos Humanos, Dante Haro Reyes, la CEDHJ pide elaborar un informe especial sobre desaparición de personas en el estado y una relación detallada de las fosas clandestinas localizadas en los últimos 20 años; integrar un órgano que sistematice, analice y haga labores de inteligencia respecto a todos los casos ocurridos en el estado y se identifiquen los patrones de conducta.
Además, que gestione la realización de un programa urgente de búsqueda de personas para que se reporte de forma anónima los probables lugares donde puedan localizarse restos de personas desaparecidas.
Sobre las garantías para la adecuada investigación, solicita el diseño y operación de mecanismos de control para evitar la simulación o la indiferencia en las investigaciones, así como sancionar a quienes sean omisos o practiquen diligencias intrascendentes.
Además, atender las 24 horas del día, todo el año, cualquier denuncia de desaparición y que ésta pueda ser presentada por vías alternas y no sólo por comparecencia; fortalecer los convenios con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y las compañías telefónicas para la localización inmediata de personas, y adquirir tecnología para el análisis estratégico de información.
En cuanto a lineamientos para elaborar dictámenes periciales, pide garantizar el debido procesamiento y almacenamiento de muestras, extracción y análisis de ADN, y crear bancos de datos genéticos; establecer como obligación la integración adecuada de un biobanco y perfiles genéticos de las víctimas.
También recomienda promover un convenio de colaboración entre Jalisco, Michoacán, Colima, Nayarit, Aguascalientes y Zacatecas a efecto de compartir información que permita la identificación de restos humanos localizados en dichas entidades.
Respecto a la atención a víctimas, la CEDHJ solicita dictar las medidas conducentes para que se garantice que las víctimas, ofendidos o testigos, durante las diligencias en que participen, se mantengan libres de intimidación. También propone la creación de un memorial de personas desaparecidas.
En materia de protocolos y reglamentos, el organismo señala la necesidad de adecuar el Protocolo de Atención en casos de Desaparición de Personas vigente en el estado, a efecto de que armonice con el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Investigación del Delito de Desaparición Forzada aprobado por la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.
Además de la elaboración de un protocolo especializado para la identificación de cadáveres y de un protocolo para la notificación de identificación de restos de personas.
Con el Congreso del Estado, la CEDHJ fue más laxa y se limitó a solicitar una reforma que permita que las víctimas indirectas ejerzan de manera expedita los derechos patrimoniales y familiares del ausente para salvaguardar los intereses esenciales del núcleo familiar.
Al Congreso de la Unión lo urge a aprobar la Ley General de Desaparición Forzada y a los presidentes municipales a colaborar con las investigaciones desde el momento en que se reporta un caso de desaparición.
Las autoridades tienen un término de 10 días para responder si aceptan o no dichas peticiones; no obstante, Álvarez Cibrián, evitó señalar un plazo para el cumplimiento las 27 solicitudes.
En mayo de 2015, cuatro policías de San Juanito de Escobedo detuvieron a un joven de 32 años que ingería bebidas embriagantes en la vía pública. Desde ese momento sus familiares no saben dónde se encuentra.
A 13 meses de la detención, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) acreditó que el joven fue víctima de desaparición en manos de elementos de seguridad.
“La recomendación 20 se trata de un claro caso de desaparición forzada que desde la perspectiva de la violación al derecho humano lo hemos acreditado, falta que las autoridades jurisdiccionales, penales, lo acrediten también”, señaló Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, titular del organismo.
Ayer, al dictar la recomendación por este caso, el organismo dio a conocer también la recomendación 21, por la omisión de la Policía de Cabo Corrientes para atender y dar seguimiento a la desaparición involuntaria de un hombre.
Estas recomendaciones por desaparición se suman a las emitidas en 2012, cuando la CEDHJ acreditó dos casos de desaparición forzada registrados en Villa Corona y Tlaquepaque.
Analy S. Nuño
Tardío y parte de una simulación, así calificó Guadalupe Aguilar Jáuregui, fundadora de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco (Fundej), el llamado que hizo la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) para atender y erradicar las desapariciones.
Para Aguilar Jáuregui, quien hasta este día no ha sido atendida ni una sola ocasión por el titular de la CEDHJ, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, a pesar de que desde hace cinco años ha solicitado su apoyo frente a la desaparición de su hijo José Luis Arana Aguilar, las 27 peticiones que hizo el organismo son parte de la simulación de la atención a las víctimas para no evidenciar la omisión.
“Jamás había dicho nada de los desaparecidos, después de cinco años se pone a hacer un pronunciamiento cuando el problema es añejo, yo nunca vi ningún pronunciamiento, a mí me parece que fue muy a destiempo y que la CEDHJ está actuando a destiempo, han pasado muchas cosas, está actuando como todo el gobierno en la cuestión de los desaparecidos: puras omisiones”.
A su consideración, las peticiones hechas por el organismo al fiscal de Derechos Humanos, los presidentes municipales de todo el estado y los diputados federales y locales se quedan cortas ante la problemática, pues muchas de éstas son acciones que ya están establecidas la ley y otras son “verdaderamente parte del trabajo de la comisión”.
Entre los aspectos que para Aguilar Jáuregui son cuestionables en el pronunciamiento está el que deja fuera la parte de la reparación del daño a las víctimas e integra la petición de concretar un memorial de los desaparecidos, que aunque en otros estados se ha hecho, en Jalisco la exigencia es “que lo busquen, que los encuentren y no que pongan una piedra”, pues los memoriales dignos los ha hecho Bordamos por la Paz.
La iniciadora de Fundej insistió en que si bien algunas recomendaciones son buenas, son resultado de la simulación, pues aunque se ha pedido en distintas ocasiones el apoyo de la CEDHJ para pronunciarse, hasta el momento ha desatendido a las víctimas.
“Eso es una omisión y simulación, es una simulación la que está haciendo el gobierno federal, la que está haciendo el gobierno estatal y es una simulación la que están haciendo todas las dependencias y Derechos Humanos, yo no conozco trabajo de la comisión en el tema, en octubre y noviembre de 2014 cuando se cremaron 400 cuerpos se le solicitó ayuda para que nos acompañara e hiciera un pronunciamiento y se lavó las manos porque ni para bien ni para mal hicieron un pronunciamiento”.
Aguilar Jáuregui consideró que la omisión de las autoridades es tal, que de los 3 mil 500 desaparecidos que tiene en su registro, hasta el momento las autoridades sólo han encontrado a uno.
En tanto, el Centro de Justicia para Paz y el Desarrollo (Cepad) decidió no pronunciarse al respecto.
HJ/I