El presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), Jorge Bravo, calificó la reciente reforma a la Ley de Telecomunicaciones como una propuesta regresiva que pone en riesgo la libertad de expresión y la competitividad en el sector de las comunicaciones en México.

Durante su intervención, Bravo lamentó que la reforma esté diseñada para concentrar todo el poder en las manos de una sola persona, sin consultar ni considerar la opinión de expertos o la sociedad civil. Esta centralización del poder, según el especialista, podría derivar en decisiones arbitrarias que comprometan la calidad y transparencia de las políticas públicas en el ámbito digital.

“El riesgo es que las decisiones se tomen de manera unilateral, lo que puede resultar en errores de arbitrariedad. Esto es más peligroso que el mismo bloqueo de las plataformas digitales”, advirtió Bravo.

Uno de los puntos más polémicos de la reforma, indicó el presidente de AMEDI, es la creación de la Agencia de Transformación Digital, que sustituye al extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), un organismo autónomo con un cuerpo colegiado y un consejo consultivo. Bravo destacó que la nueva agencia centraliza funciones cruciales en una sola persona, lo que elimina la autonomía y la pluralidad que existía en el IFT.

Asimismo, Bravo subrayó que la reforma implica un cambio fundamental en la manera en que se otorgan las concesiones de telecomunicaciones. La ley prevé sustituir los criterios técnicos por razones políticas, lo que podría generar incertidumbre jurídica y poner en riesgo la competitividad de las empresas de comunicación en México. La eliminación de certezas jurídicas podría desalentar las inversiones en el sector, afectando gravemente el desarrollo de las telecomunicaciones en el país.

Uno de los aspectos más preocupantes de la reforma, según Bravo, es el artículo 109, que otorga al gobierno la facultad de bloquear plataformas digitales sin especificar una causa clara ni fundamento constitucional. Este artículo, indicó el especialista, transgrede no solo la libertad de expresión, sino también otros derechos fundamentales como la movilidad, la cultura y la salud, los cuales se fomentan a través de estas plataformas.

“La ley permite el bloqueo de plataformas digitales por un motivo administrativo, lo cual es una violación directa a la libertad de expresión y a otros derechos que se ejercen a través de estas redes”, señaló Bravo.

Además, el presidente de AMEDI hizo hincapié en la controversia del mecanismo de censura previa que la ley propone. Según la reforma, los contenidos patrocinados por gobiernos extranjeros u organismos internacionales deberán ser autorizados previamente por el gobierno mexicano, lo que, para Bravo, es una forma de control y censura en pleno siglo XXI, donde la información circula de manera global y rápida.

Finalmente, Jorge Bravo consideró que esta reforma no solo representa un retroceso en términos de libertades y derechos, sino que también amenaza el futuro de las telecomunicaciones en México al generar un entorno de incertidumbre para los inversionistas y las empresas del sector.

GR

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