La recién anunciada Estrategia Nacional contra la Extorsión, presentada el pasado domingo por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, fue calificada como insuficiente por el director del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC), Francisco Rivas.

En entrevista para Informativo NTR, Rivas reconoció como un avance que se impulse un esfuerzo específico para combatir este delito, que —señaló— creció de manera paralela a las desapariciones durante la administración pasada. No obstante, advirtió que el planteamiento carece de mecanismos concretos para proteger a quienes decidan denunciar y no establece acciones claras contra la modalidad más peligrosa: la extorsión presencial.

“Me parece que, por lo menos lo que se ve ahí, no es suficiente. Por ejemplo: no se habla de una estrategia y de mecanismos mucho más certeros para fomentar la denuncia. Quien hoy está siendo extorsionado en el campo en Michoacán no va a hablar al 089, no va a hablar al 911 porque tiene su vida en riesgo”, advirtió.

Rivas precisó que, aunque el 90 por ciento de las extorsiones se comete por teléfono o a través de redes sociales —según datos del INEGI—, el 10 por ciento restante, que ocurre de forma presencial, representa una amenaza directa a la vida y la integridad de las víctimas, y evidencia la ausencia del Estado en ciertas regiones del país.

En este sentido, cuestionó que la estrategia de Harfuch se limite a la habilitación del número 089 como canal de denuncia, operativos en Centros de Reinserción Social y el congelamiento de cuentas bancarias. “Eso no basta para frenar la violencia directa que implica la extorsión cara a cara”, subrayó.

El especialista también hizo énfasis en otros aspectos preocupantes del fenómeno, como las extorsiones orquestadas desde penales, lo que revela, según dijo, una colusión entre el crimen organizado y las autoridades penitenciarias. Además, alertó sobre la existencia de empresas que operan como call centers del crimen, contratando personas con sueldos elevados para realizar llamadas de extorsión, en un contexto de total impunidad.

Rivas concluyó que otra de las grandes debilidades de la estrategia anunciada es la falta de presupuesto y de personal capacitado para atender un problema tan complejo. Advirtió que si las nuevas unidades antiextorsión no reciben recursos suficientes y se les asignan otras tareas, “difícilmente podrán ser efectivas”.

Finalmente el director del observatorio ciudadano invitó a revisar los reportes y las recomendaciones que emite la asocición en su página web: https://www.onc.org.mx/

GR

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