La banca de desarrollo Nacional Financiera (Nafinsa) intervino en el proceso legal que se sigue en contra de los propietarios de la Villa Panamericana con la promoción de un amparo que permitió el aseguramiento de cuentas bancarias, inversiones y demás activos a través de una suspensión provisional.

NTR detectó lo anterior luego de que se diera a conocer el desvío de recursos del Fondo Jalisciense de Fomento Empresarial (Fojal) para crear a Green Life Capital, empresa que en 2019 adquirió el inmueble para venderlo como vivienda.

El lunes pasado el Registro Público del Comercio (RPC) hizo la anotación de la suspensión provisional, dictada el 5 de agosto pasado por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal del Tercer Circuito. Según el trámite, que puede consultarse en los avisos de la empresa Green Life Capital, la suspensión se concedió a “Nacional Financiera, sociedad nacional de crédito, institución de banca de desarrollo, en su carácter de fiduciaria del fideicomiso denominado Fondo Jalisco de Fomento Empresarial”.

Los efectos de la suspensión, que pueden consultarse en la página del Consejo de la Judicatura Federal, son para que no se ejecute una resolución que había emitido el juez segundo especializado en Control, Enjuiciamiento y Justicia Integral para Adolescentes del Centro de Justicia Penal de Puente Grande, Tonalá, quien había revocado el aseguramiento de las cuentas el 11 de julio pasado. La medida se otorgó, agrega, “a fin de preservar la materia del juicio de amparo”, el cual quedó bajo el expediente 730/2025.

La inmovilización de cuentas bancarias y expedientes fue determinada por el mismo juez local, Luis Alberto Castellanos de la Cruz, dentro del expediente 6604/2025 y como “técnica de investigación” en una denuncia presentada contra Jaime Alberto Moreno Cardeña, socio y representante de Green Life Capital, y otras personas y empresas.

El juez Castellanos de la Cruz había autorizado “la inmovilización de los folios mercantiles”, con lo que la empresa administradora de la Villa Panamericana ya no podía realizar ningún tipo de operación, además de suspender las “facultades de las personas físicas y morales que funjan como administradores únicos, apoderados, consejo de administración, socios, accionistas, gerentes y delegados de las personas jurídicas” para efectos de que “se abstengan de celebrar cualquier tipo de acto jurídico y/o con el fin de evitar que lleven a cabo el registro de actos jurídicos”; sin embargo, el mismo juez revocó esas medidas.

Estas actuaciones son consecuencia de una investigación que comenzó por la vía administrativa el gobierno del estado, a través de la Contraloría estatal, desde 2023, cuyos resultados posteriormente derivaron en la denuncia penal bajo la carpeta administrativa 6604/2025.

El lunes pasado, una vez que se obtuvo la suspensión del juez federal, elementos de la Fiscalía del Estado (FE) aseguraron físicamente la Villa Panamericana. Según lo que ha declarado el gobernador Pablo Lemus Navarro, el proceso comenzó por un fraude cometido a través del Fojal, por lo que en la investigación se ha incluido a 44 personas y 24 empresas que giran en torno a Green Life Capital.

El Diario NTR Guadalajara dio a conocer el 29 de agosto de 2019 que los administradores de la Villa Panamericana habían creado un entramado de empresas para la conformación de Green Life Capital, que posteriormente se convirtió en Avaterra para llevar a cabo la venta de departamentos del complejo habitacional deportivo.

La Villa Panamericana fue construida para albergar a los deportistas en los Juegos Panamericanos de 2011 y después de varios años de abandono, en 2019, durante el gobierno de Enrique Alfaro Ramírez, fue habilitada como complejo habitacional y los departamentos se pusieron a la venta.

Señalado en fraude está ilocalizable: Pablo Lemus

El gobernador Pablo Lemus Navarro dijo que Jaime Alberto Moreno Cardeña, a quien señala como presunto implicado en el fraude de las Villas Panamericanas, está como no localizable, pero tiene orden de aprehensión. 

“Son alrededor de 140 millones de pesos que debe esta persona y que fraudulentamente obtuvo de parte de Fojal en el año 2014, 2015, 2016 y que no ha pagado. Hoy esta persona está no localizable, tenemos ya todo para que pague sus transas y pueda resarcir el patrimonio en beneficio de las finanzas del estado”, dijo.

Añadió que, para ampliar su búsqueda, ya solicitaron apoyo a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Interpol. Si bien está como no localizable, el señalado ha enviado a sus abogados a tratar de negociar con el gobierno de Jalisco a fin de que le reduzcan tanto la cantidad a saldar como la de departamentos que devolver.

“Que le quede claro también al empresario: si mañana paga, entrega los departamentos, paga los 140 millones de pesos que le debe al Fojal, se le acaba el problema. El asunto es que cometen el fraude y todavía se quieren sentar encima de todo lo que se robaron (…) si quiere librar la cárcel, que pague, es muy sencillo”.

Aunado a lo anterior, expuso que las autoridades van tras tres notarías públicas presuntamente involucradas y que ya se aseguraron alrededor de 170 cuentas de personas físicas y morales.

“Iniciamos auditorías fiscales y por parte del Archivo de Instrumentos Públicos a tres de las notarías involucradas, son tres notarios públicos. Curiosamente los tres (están) en la misma calle de las oficinas de este empresario fraudulento llamado Jaime Moreno”. Lauro Rodríguez 

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