La empresa Green Life Capital, SAPI de CV, cuya creación fue denunciada por la administración del gobernador Pablo Lemus Navarro como una irregularidad para cometer un fraude con la Villa Panamericana, nació en 2019 en el marco de las negociaciones con el gobierno de Enrique Alfaro Ramírez para entregar el inmueble a la empresa y así recuperar los recursos invertidos por los institutos de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal) y Jalisciense de la Vivienda (Ijalvi) en el mismo. 

La empresa fue inscrita en el Registro Público del Comercio (RPC) el 22 de mayo de 2019 ante el notario 79 de Guadalajara y ex presidente municipal tapatío, Guillermo Vallarta Plata. Poco después, en los meses de junio y julio, se llevaron a cabo negociaciones que terminaron en la redacción de un convenio marco en el que se acordó la venta de la Villa con la intención de firmar el contrato definitivo el 30 de agosto de 2019. 

Según el acta constitutiva de la compañía, ésta tenía tres socios, de los cuales sólo uno era una persona física: Lorenzo Mauricio González Bosco, y dos empresas: Duvar Trading Management, SA de CV, e Impulso Institucional, SA de CV. 

Jaime Alberto Moreno Cardeña, a quien el gobernador Pablo Lemus señala como propietario de la empresa y quien se encuentra prófugo, aparece como secretario de la mesa directiva, de la cual González Bosco fue nombrado como presidente y Jaime Rábago Jiménez como tesorero. Además, se nombró a Rábago Jiménez, Gerardo Huerta Hoyos y Carlos Ignacio Miranda Chavarín como apoderados generales, y a Francisco Padilla Villarruel como comisario. 

En el mes de agosto hubo cambios en la empresa, entre los que estuvo el nombramiento de Moreno Cardeña como presidente, Gerardo Huerta Hoyos como secretario y Luis Roberto Hernández Fernández como tesorero. 

La empresa Duvar Trading Management, que aparece como socia de Green Life Capital, se creó en 2009 como Investment & Business Support, SA de CV y sus propietarios son Jaime Alberto y Javier Moreno Cardeña. Esta compañía fue asegurada, ya que el 11 de julio quedó como anotación ante el RPC que tal acto se concedió “como técnica de investigación el aseguramiento físico y registral de manera inmediata, la inmovilización de los folios mercantiles, la suspensión de facultades de las personas físicas y morales que funjan como administradores únicos, apoderados, consejo de administración, socios, accionistas, gerentes y delegados de las personas jurídicas que se plasmaran en este apartado para efectos de que se abstengan de celebrar cualquier tipo de acto jurídico y con el fin de evitar lleven a cabo el registro de actos jurídicos”. 

La otra empresa socia de Green Life Capital es Impulso Institucional, que solo tiene un acto ante el registro público. En él se nombró a Fernando Arturo Mestre Noriega como apoderado y aparece Jaime Rábago Jiménez como socio. Esta empresa se creó en mayo de 2015 ante el notario Felipe Ignacio Vázquez Aldana Sauza. 

Todos los detalles de la creación de la empresa Green Life Capital están contenidos en los documentos entregados a la administración estatal anterior en 2019, cuando se negoció que la empresa se quedaría con la Villa Panamericana y pagaría al Ipejal y al Ijalvi mil 500 millones de pesos (mdp) por los derechos que tenían sobre el inmueble, lo que no ocurrió. 

En 2024 se estableció un nuevo acuerdo en el que se acordó entregar a los dos institutos 275 de los de los 942 departamentos que tiene la Villa a pesar de que en el contrato original se aclaraba que entre las dos instituciones tenían 75 por ciento de los derechos accionarios. Aun así la entrega de menos departamentos fue avalada por la administración anterior. 

A inicios de septiembre pasado la Fiscalía del Estado (FE) aseguró el conjunto habitacional Avaterra, es decir, la Villa Panamericana, como parte de una investigación por un presunto desvío masivo de recursos públicos del Fondo Jalisciense de Fomento Empresarial (Fojal) para crear a Green Life Capital. Según la dependencia, el presunto delito involucra a 77 personas y 39 empresas. 

Como parte del aseguramiento 340 unidades habitacionales y dos áreas comunes quedaron bajo decomiso.  

jl/I

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