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Demandado
Después del debate
Este jueves 7 de junio se celebró en México el Día de la Libertad de Expresión, un derecho en vías de desarrollo porque en este país se paga hasta con la vida la crítica y la investigación periodística.
Para los reporteros y periodistas fue un día gris, amargo y hasta doloroso. Imposible hablar de una libertad para el ejercicio de la profesión cuando tan sólo este año se ha asesinado a más de uno al mes. Van siete homicidios a causa de investigar y publicar en 2018, es decir, en el lapso final del sexenio más mortal para reporteros del que haya registro en este siglo: con Peña Nieto como presidente han ocurrido 55 de los 136 perpetrados de 2000 a la fecha.
Ya en el ámbito local, en Jalisco, el clima ha sido menos salvaje pero tampoco es el oasis del país. Tan sólo esta semana, un día después de la fecha conmemorativa de la que estamos platicando, el reportero Henry Saldaña, que cubría un accidente vehicular en el Álamo fue sometido, golpeado y robado por policías de Tlaquepaque que hicieron gala de abuso de autoridad y violencia injustificada contra un periodista laborando, como varios más en la zona.
Los policías se dieron el lujo de intimidarlo, vituperarlo, patearlo y hasta quitarle su tableta y eliminar su contenido noticioso. ¡Se lució la corporación con su actuar!
Esta forma incivilizada de proceder contra ciudadanos –también hubo abuso de poder y lesiones contra dos jóvenes- y periodistas fue reprobada por el gremio, sociedad y funcionarios, entre ellos los regidores de Tlaquepaque, quienes pidieron capacitación y sanciones para los elementos policiacos. Por el momento, a los seis involucrados en la detención y violencia arbitraria sólo se les separó del patrullaje; como cuando un sacerdote pederasta es castigado por la santa iglesia… cambiándolo de parroquia.
En Jalisco este tipo de agresiones contra periodistas no es común, pero tampoco significa que exista la libre expresión. De hecho, un terrible enemigo del ejercicio periodístico son los presidentes municipales, diputados y regidores que se dicen demócratas, pero van contra los periodistas críticos de su ejercicio público. Algunos de ellos, por cierto, hoy en campaña.
¿Cómo es su modus operandi? Variado. En una rueda de prensa, por ejemplo, bloquean a los reporteros cuyas preguntas incomodan, les llegan a decir en público frases como “ya sé de dónde vienes, no te voy a responder”, y proceden con un bloqueo institucional, es decir, con todas las dependencias bajo su cargo contra él o su medio. Otra forma es que, cuando leen el reportaje crítico, molestos, le llaman al reportero para intimidarlo o peor aún, hablan con sus jefes y piden su cabeza.
Ante la presión, algunos medios se ponen del lado del funcionario y llegan incluso a censurar al periodista, aunque otros sí defienden a su personal y no ceden al autoritarismo.
Es curioso que a la fecha, ya en la recta final de las campañas, los candidatos a gobernador que perfectamente conocen esta situación no se manifiesten al respecto ni se hayan comprometido con garantizar el ejercicio periodístico, que no es un privilegio, sino un derecho.
En particular, es Enrique Alfaro quien mejor conoce estas prácticas porque las ha ejercido en el gobierno de Guadalajara: públicamente ha denostado a medios catalogándolos como basura sólo por ser críticos; ha intimidado a periodistas durante entrevistas en vivo, dando el mensaje de que no olvida a quienes hablan negativamente de él y que usa la estructura gubernamental para archivarlos en “carpetotas”; también ha presionado a medios para que despidan a respetables periodistas que le molestan, que lo investigan, que no replican sus boletines.
Si así se comportó como alcalde, de llegar a la gubernatura, ¿incrementará la presión y la censura contra periodistas?
Todavía les queda tiempo a los candidatos para comprometerse con la libertad de expresión y seguridad de ciudadanos y periodistas; estos segundos no necesitan más que eso del gobierno para ejercer su profesión.
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FV/I