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Emite la CNDH recomendación por disturbio en penal de Cadereyta

(Foto: Archivo)

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la recomendación 20/2018 por los hechos ocurridos en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Cadereyta, Nuevo León, los días 9 y 10 de octubre de 2017, que derivaron en la muerte de 18 internos y 93 lesionados.

En la recomendación dirigida al gobernador de esa entidad, Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, y al fiscal general estatal, Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, se acreditó que existió un exceso del uso de la fuerza por parte del personal de Fuerza Civil del estado.

La CNDH recomendó al gobierno de Nuevo León reparar el daño ocasionado a los familiares de los internos fallecidos, otorgarles atención psicológica y médica.

Además, asignar recursos presupuestales y materiales para garantizar condiciones de estancia digna y segura a los internos del Cereso de Cadereyta, dotándolo de personal suficiente y capacitado, e instalando equipo tecnológico para la detección de sustancias y objetos prohibidos.

También le recomendó implementar un Protocolo de Manejo de Motines, que privilegie el diálogo y el respeto de los derechos humanos de los internos y sus familiares y que posibilite brindar a éstos información oportuna y certera.

De igual forma, reforzar la capacitación en materia de derechos humanos a los elementos de la Policía Estatal Fuerza Civil y colaborar con las quejas y denuncias que se presenten con motivo de esos hechos.

Le pidió, asimismo, atender las observaciones de los Diagnósticos Nacionales de Supervisión Penitenciaria y de la Recomendación M-01/2016 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura sobre las condiciones que privan en los penales de la entidad.

También, implementar un programa para eliminar sobrepoblación, hacinamiento y clasificación inadecuada de internos, así como los problemas de autogobierno, irregularidades que dificultaron preservar la seguridad, orden y tranquilidad y garantizar el respeto a los derechos básicos de la población penitenciaria.

Al fiscal general le recomendó efectuar las diligencias necesarias para deslindar responsabilidades y capacitar al personal de esa instancia sobre justicia oral, integración de carpetas de investigación y derechos humanos, entre otros.

JL