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Rigor técnico

De todo lo que se ha escuchado, lo único que queda claro de la llamada cuarta transformación es que hay que cortar de tajo, cambiar porque sí, porque ahora se tiene el poder para hacerlo y porque, al calor de las campañas, se hicieron promesas que ahora hay que cumplir.

No hay análisis de costo-impacto, no se percibe un consenso bien estructurado ni parece haber disposición para escuchar las voces más entendidas en ninguna área. Lo que hay –es más, abunda– es la capacidad de reacción para salir a acallar puntos de vista contrarios, aunque éstos lleguen cargados de razón más que de golpeteo.

En los foros que se están realizando en varios estados sobre seguridad y educación, a las voces que han reflejado una postura más exigente y crítica las han dejado como intentos de llamar la atención. Y ante reclamos justos por todo lo que no se ha hecho la respuesta, casi casi, ha sido algo así como “lo que no fue en mi año no fue en mi daño”.

La Coparmex abordó en la semana un tema que alimenta esta sensación cada vez más profunda de que no hay mucha idea, pero sí mucha ocurrencia y ánimo de regresión.

La cúpula empresarial se metió a fondo al análisis de cifras para determinar lo que implica la descentralización de las secretarías de Estado y, según sus cálculos, es más la pérdida que la ganancia, así que está pidiendo al próximo gobierno federal que tenga más rigor técnico o, dicho en un tono menos diplomático, que sepa de lo que está hablando.

Justificación plena y planeación rigurosa es lo que demandan al gobierno de Andrés Manuel López Obrador antes de meterse a una mudanza que parece carecer justo de eso.

Como ejemplo de lo que implica descentralizar mencionan el caso del Inegi en 1985, después del terremoto. Tardaron cuatro años y el costo fue de casi 2 mil millones de pesos. Imaginemos lo que se requiere en tiempo y dinero trasladar a las 31 dependencias federales.

Pareciera improbable si se atiende la referencia del Inegi y más cuando no está claro ni perfectamente demostrado que el beneficio de poner de cabeza a las dependencias junto con su capital humano será mayúsculo.

Según el análisis de la Coparmex, el proceso de traslado podría tardar más de seis años, siempre y cuando se ejecute con un análisis para justificar con criterios técnicos la medida, la preparación de los espacios adecuados para la prestación de los servicios gubernamentales y el traslado ordenado del personal de base, con respeto a sus derechos.

Más allá del tiempo, de materializarse la descentralización se volvería uno de los proyectos de edificios más oneroso en la historia de la administración pública del país, con un costo estimado de 125 mil millones de pesos, más 2 mil millones de pesos que se piensan invertir en estudios preliminares y otros gastos.

Además no está claro si habrá compra o arrendamiento de inmuebles para albergar a las dependencias y cuánto costará al erario la manutención en otros estados, así como tampoco hay idea de qué pasará con los que actualmente ocupan y lo que se hará con elefantes blancos federales que hay en 25 estados porque no resultaron utilizables para áreas administrativas de mayor calibre.

Y surge la pregunta: ¿dónde queda entonces la austeridad republicana? La sociedad en general está a la expectativa de que la austeridad sea verdadera, pero esta iniciativa a leguas contradice el discurso de gasto público federal eficiente.

Esas explicaciones como de economía doméstica de “le recorto aquí para ajustar allá” no están resultando suficientes ni convincentes.

mem@ntrguadalajara.com

JJ/I