Tétrico andar

El infierno es esperar sin esperanza
André Giroux

Mucho se ha hablado en los últimos días sobre el terrorífico contenedor que albergaba a 273 muertos. Un tráiler de cadáveres ambulantes que bien podría ser título de una película de zombis, como señaló en estas páginas Alberto Bayardo. Sin que los tapatíos lo supieran, el vehículo estuvo circulando por las calles de la zona metropolitana durante varios días y era movido de lugar ante las quejas de vecinos y autoridades municipales por la pestilencia que de él se desprendía, así como el temor a posibles enfermedades.

Conforme se difundió la información, que originalmente hablaba de que sólo eran 157 cuerpos no reclamados en el Semefo los habitantes del macabro remolque, fue creciendo el escándalo, derivado de la negligencia e ineficiencia del gobierno de Aristóteles Sandoval. Antes de ser destituido, el entonces director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), Luis Octavio Cotero, comentó que había otro tráiler mortuorio con una cincuentena de cuerpos más.

La responsabilidad comenzó a subir peldaños en el escalafón de la administración estatal conforme se conocían las explicaciones que daba el doctor Cotero, arrojando la culpa hacia la Fiscalía General del Estado de la responsabilidad final de los cuerpos no identificados y de rentar los tráileres. A estas alturas, ya resultaba difícil creer que ni el secretario de Gobierno, Roberto López Lara, ni el propio gobernador estuvieran enterados de la peregrina solución emprendida para ampliar el cupo de las cámaras refrigeradas en el IJCF.

Tras detonarse el escándalo, la cabeza de José Octavio Cotero fue la primera en caer, lo que muchos entendieron como la desesperada búsqueda de chivos expiatorios. Días después, cuando el tenebroso asunto alcanzó niveles internacionales tras ser difundido por medios como New York Times, Washington Post y la BBC de Londres, seguiría la cabeza del fiscal Raúl Sánchez Jiménez. Al anunciarlo, Aristóteles Sandoval pronunció un enérgico discurso denunciando la negligencia entre sus propios colaboradores e informando de las medidas que tomaría para corregir el problema –además de los fulminantes ceses– y avanzar en los registros forenses de los cuerpos para que puedan ser sepultados.

Bola de nieve

En entrevista con El Diario NTR, Roberto El Chino López admitió conocer el problema. Señaló también que el ex director del IJCF habría previsto mediante una cotización de equipo necesario para el instituto, entregada en abril pasado, la compra de dos cámaras de refrigeración para personas fallecidas sin identificación, aunque programada para 2019 y sólo para una treintena de cuerpos, lo cual resulta a todas luces insuficiente para la magnitud del problema actual.

El secretario general de Gobierno salió del pasmo al manejo de la información. Al ver que resultaba inverosímil que no supiera del problema –también lo es que no informara a su jefe el gobernador–, decidió dar su versión de las cosas. Sus dichos se contradicen con los del Luis Octavio Cotero, a quien ha tratado de descalificar al declarar que no había ningún expediente integrado como éste había asegurado.

¿Barbas en remojo?

Roberto López Lara trata desesperadamente de lavarse las manos, pues ya vio las barbas de su vecino rasurar. Las cabezas del director del IJCF y del fiscal del estado rodaron. Ha quedado claro que él debió estar enterado del tétrico deambular de los tráileres. Habrá que ver si sólo se romperá la hebra por lo más delgado o si la chamusquina alcanzará también al titular de la SGG. Falta conocer si el control de daños que ha efectuado la oficina del gobernador conseguirá detener el escándalo o, por el contrario, si seguirán apareciendo nuevos datos que aticen el fuego.

@BenitoMArteaga

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JJ/I