El cambio sideral

El primer decreto que salió del nuevo Poder Ejecutivo fue para reabrir las investigaciones por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y con ello se reabrieron también las esperanzas de sus familiares de que se aplique la justicia de una vez por todas.

Los padres y sus ya emblemáticas pancartas con los rostros de los hijos que les faltan entraron por vez primera al Palacio Nacional, donde se escuchó también el grito que desde 2014 han soltado por las calles en marchas organizadas una y otra vez: “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”.

Esta vez no hubo granaderos ni vallas para repelerlos y se posaron unos a un lado del presidente y otros enfrente. Junto a ellos, los mandos de las Fuerzas Armadas.

El decreto ya está publicado y corre el plazo de 30 días para que se forme la Comisión de la Verdad que intentará llegar al oscuro fondo de una masacre que ha calado hondo en el país y abonó a que el pasado gobierno federal fuera señalado a nivel internacional como uno de constantes violaciones a los derechos humanos.

La orden del presidente ahora es poner en el centro de la investigación a los padres de los desaparecidos. Esta vez ya no tendrán que protestar ni tomar simbólicamente sedes de instituciones para lograr que los reciban las instancias gubernamentales… o al menos esa es la promesa.

Los padres formarán parte de la Comisión de la Verdad junto con representantes de Gobernación, Relaciones Exteriores e incluso de Hacienda, así como de organismos internacionales, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Habrá recursos materiales, humanos y científicos necesarios para entregar resultados, en un plazo razonable.

La gran tarea es llegar a una verdad aceptable, una vez que la llamada “verdad histórica” ha sido desestimada una y otra vez por instancias nacionales e internacionales.

La decisión de Andrés Manuel López Obrador de escuchar y dar seguimiento a la demanda de estos padres fue reconocida por Luis Ernesto Vargas, relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el caso, como “un cambio sideral” de la manera en que habían estado trabajando.

Mientras el anterior gobierno llegó al enfrentamiento con los investigadores independientes y especiales enviados por instancias internacionales, éste les abre las puertas para que ayuden a resolver la lastimosa crisis humanitaria que hay en el país y de la que Ayotzinapa es sólo un caso.

El decreto del caso Iguala se puso como ejemplo de buena práctica en la reunión de la CIDH de este miércoles en Washington. El relator para el caso llamó a otros gobiernos de la región a comprometerse, como lo está haciendo el de México, en buscar la solución a pavorosas tragedias del mismo tipo en sus respectivos países y, lo que es mejor, a extirpar un flagelo que deja heridas profundas.

Vargas destaca que un subsecretario de Estado, en este caso Alejandro Encinas, tenga la asignación de encontrar la verdad de la noche de Iguala porque considera que hay una vocación indeclinable por esclarecer los hechos.

El mensaje de López Obrador durante la firma del decreto fue que no habrá impunidad, ni en este caso ni en ningún otro. Su orden es que todas las instancias involucradas aporten la información requerida, sin reservar ni ocultar. Cero obstáculos para llegar a la verdad.

El presidente pidió confiar y reiteró uno de sus lemas: respetar y ser leal al pueblo porque es el verdadero soberano. El caso Ayotzinapa, entonces, es la primera gran prueba para su credibilidad. Que la tragedia otra vez sea abordada con tintes políticos sería una nueva y fatal revictimización de los afectados.

[email protected]

da/i