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Abuso de poder
Después del debate
La contratación de deuda pública es fácil de justificar. Basta con hablar de las necesidades del estado y las restricciones económicas para luego sustentarlas con la flexibilidad de la legislación y las evaluaciones que hacen las calificadoras.
El crédito que contrataría el gobierno de Enrique Alfaro no es la excepción. El mandatario presentó esta semana al Congreso del Estado la iniciativa para que se le permita adquirir deuda por 5 mil 250 millones de pesos y la renegociación de los pasivos actuales hasta por 19 mil 791.2 millones de pesos.
El principal argumento para solicitar deuda, según la exposición de motivos de la iniciativa, es el financiamiento de “acciones que impulsen una política de inversión y desarrollo que permita el fomento y generación de empleo”, y el “impulso y promoción de las áreas estratégicas que contribuyan al desarrollo del estado, considerando como prioridad la infraestructura que genere rentabilidad social”. Visto así, parece la vía correcta.
Si revisamos a detalle la propuesta del gobernador, también hay algunas acciones que parecen justificar el crecimiento de la deuda pública de Jalisco. Por ejemplo, el proyecto del peribús, que sería un BRT que correría por la mayor parte de esta vía, podría entenderse. Un proyecto de ese tamaño, si no se financia con recursos federales, es inalcanzable para un estado.
Por la forma en que fue planteado, este sistema de transporte podría incluso estar terminado antes que la Línea 3, si también tomamos en cuenta que para esta última solo se etiquetaron mil millones de pesos de los más de 4 mil que las autoridades han señalado todavía hacen falta.
El peribús beneficiaría a más ciudadanos que la Línea 3, pero su ejecución requiere de factores adicionales, pues los mil 200 millones de pesos que de la deuda irían a este proyecto, solo son para continuar con la colocación de una parte del pavimento hidráulico. La obra, según se señala, costaría 3 mil 564 millones de pesos, sin contar los camiones, de los que mil 546 serían de pavimentos, por lo que además de la deuda el gobierno del estado tendría que aportar otros 346 millones de pesos de recursos propios.
El resto de los recursos dependerá del presupuesto estatal y lo que se consiga de la Federación. En la definición del destino que se dará al Fondo Metropolitano, se pidió a los presidentes municipales que no presentaran proyectos para que no compitan con el peribús, que será la obra prioritaria del actual gobierno estatal.
El resto de los recursos de la deuda se destinarán a un montón de pequeñas obras que, si bien son necesarias, también permiten dudar si no podían financiarse con recursos propios. Por ejemplo, se incluyeron 12 tramos carreteros, de los cuales sólo la mitad son nuevos y el resto son reconstrucciones.
También hay 800 millones de pesos para plantas de tratamiento de aguas residuales, infraestructura cuya necesidad no puede discutirse, pero que ya en otras administraciones, en particular la del panista Emilio González Márquez se convirtieron en proyectos fallidos, por la incapacidad que tienen los municipios para mantenerlas en funcionamiento y darles mantenimiento.
Además, habría recursos para semaforización en 29 corredores de siete municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), inversión indispensable por el lío que actualmente hay en ese rubro, así como infraestructura en telecomunicaciones, para garantizar el acceso a Internet. El problema es que en estos dos casos, al hablar de soluciones tecnológicas, seguramente serán obsoletas mucho antes de que terminemos de pagarlas.
La aprobación del crédito en el Congreso parece no tendrá problemas, así que Jalisco llegará al límite de su capacidad de endeudarse, sin perder ante las calificadoras.
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da/i