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Apuesta de campaña
El voto despojando afores
SAN JOSÉ. Organizaciones civiles y el gobierno de Costa Rica condenaron el asesinato del líder indígena Sergio Rojas Ortiz en la comunidad de Salitre de Buenos Aires, en la provincia de Puntarenas, ocurrido tras presentar una denuncia por amenazas de supuestos usurpadores de tierras.
El asesinato de Rojas fue condenado por el presidente costarricense Carlos Alvarado, quien declaró a la prensa: “Es un día trágico para el pueblo bribri, para los pueblos indígenas y para toda Costa Rica. Hacemos un vehemente llamado a la paz y al diálogo como mecanismo para resolver los conflictos”.
Alvarado le pidió al Ministerio de Seguridad Pública “dar todo el apoyo” al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y a otras instancias para identificar a los responsables de este crimen "lo más pronto posible” y anunció que brindarán protección a la familia de Rojas.
Organizaciones no gubernamentales como la Asociación Regional Centroamericana para el Agua y el Ambiente y la Red Centroamericana para el Agua y el Ambiente-Costa Rica exigieron a las autoridades el esclarecimiento de lo que calificaron como "crimen de odio", de acuerdo con el diario local La Nación.
Asimismo, demandaron el cese inmediato de los ataques e invasiones a los territorios indígenas de todo el país, en especial de Salitre, por lo que exigieron al gobierno "que garantice la seguridad e integridad del pueblo bribri de Salitre, de conformidad con los convenios y normativa internacional”.
Rojas Ortiz, de 59 años, fue ultimado a balazos la noche del lunes, cuando se encontraba en su casa en la comunidad de Salitre, territorio de la etnia indígena bribri, donde los vecinos reportaron haber escuchado unas 15 detonaciones.
El crimen se produjo luego que el pasado viernes, Rojas acudió a la Defensoría de los Habitantes para pedir que la Policía acudiera a una finca recuperada por indígenas, tras denunciar que quienes habían intervenido los terrenos “utilizaron detonaciones como una medida para amedrentarlos”.
Las autoridades acudieron al sitio y le recomendaron al activista interponer una denuncia ante la OIJ, lo que Rojas hizo el lunes, cuando acusó a las autoridades de incumplir con una medida cautelar dictada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para garantizar la vida y la seguridad de los indígenas bribris.
El Organismo de Investigación Judicial en el cantón de Buenos Aires indicó que se ha iniciado la investigación de los hechos a fin de establecer el móvil e identificar a los responsables.
JJ/I