Pacto de justicia, una “piñata” de impunidad

La organización Human Rights Watch (HRW) denunció que el acuerdo entre el gobierno colombiano y las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), sobre la justicia aplicable a los combatientes del conflicto armado, resultará en una impunidad casi generalizada.

“Se trata simplemente de un acuerdo de impunidad”, declaró en conferencia de prensa el director para las Américas del organismo defensor de los derechos humanos, José Miguel Vivanco.

“Es un pacto entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que termina sacrificando el derecho a la justicia de las miles de víctimas del conflicto armado colombiano”.

Vivanco explicó que un análisis del texto del acuerdo los llevó a concluir que el pacto garantizará que los responsables de atrocidades de ambas partes del conflicto eludan cualquier tipo de castigo genuino.

Expuso que el documento presenta vacíos y lagunas legales tales que, acusó, en el mejor de los casos, resultarán en promesas vacías.

El directivo añadió que la posibilidad de que responsables de crímenes de guerra o lesa humanidad en ambos lados del conflicto queden sin castigo, convierten al acuerdo en un instrumento de protección y no de impartición de justicia.

“Ésta es una piñata de impunidad. Aquí no se discrimina a nadie”, indicó Vivanco, quien dejó en claro que lo que se busca no es que se aplique todo el código penal sobre quienes resulten acusados, pero que haya una justicia real para víctimas y sus familias.

“Lo que estamos pidiendo es que este sea un acuerdo con la credibilidad necesaria y esto se puede lograr con cambios o ajustes a su texto”, explicó.

El acuerdo anunciado el lunes es considerado un paso crítico para alcanzar un pacto de paz entre el gobierno colombiano y las FARC, después de más de tres años de negociaciones para poner fin al conflicto armado más antiguo del hemisferio.

Establece varias categorías de penas de cárcel para responsables de crímenes de guerra o lesa humanidad que van desde 20 años para aquellos hallados culpables y que no confiesen su responsabilidad, y hasta de cinco años a quienes reconozcan delitos tardíamente.

Aquellos que colaboren en el esclarecimiento de la verdad podrían ser sancionados hasta con ocho años de “restricción efectiva de libertad”, bajo la cual estarían impedidos a viajar fuera de sus casas o de ciertas zonas geográficas del país.

Vivanco explicó que en otros casos, algunos de los convictos de crímenes podrían incluso presentar al tribunal especial de 12 jueces propuestas sobre la pena que podrían servir, lo que abre la posibilidad de que nunca pisen una cárcel.

“Ningún tribunal internacional ha permitido que aquellos que han sido condenados por crímenes de guerra puedan evitar la prisión por crímenes tan graves”, destacó Vivanco.

El dirigente indicó que pese a estas falencias, “la pelota” por ahora está en el campo del gobierno colombiano para hacer las correcciones necesarias que le den credibilidad al acuerdo y aseguren que habrá justicia real para víctimas y familiares.

Legaliza presidente la marihuana

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, firmó ayer un decreto que autoriza el uso de la marihuana con fines médicos y científicos.

“Hoy Colombia da un paso importante para ubicarse a la vanguardia en la lucha contra las enfermedades; lo hacemos a través de un decreto que busca aprovechar las bondades del cannabis para mejorar la vida de las personas”, resaltó el presidente.

Explicó que ese decreto permite que se expidan licencias para la posesión de semillas de cannabis y que se cultive la planta con fines exclusivamente médicos y científicos.

“Queremos fomentar la investigación y la producción de medicamentos elaborados a partir de la cannabis, como lo hacemos con cualquier elemento natural que pueda dar alivio a las enfermedades o al dolor”, indicó el jefe de Estado.

Sin embargo, advirtió que este paso en materia de regulación no afecta la lucha contra las drogas ilegales.

“Y hay que ser claros: permitir el uso medicinal del cannabis no va en contravía de nuestros compromisos internacionales en materia de control de drogas”, subrayó.

En algunas zonas de Estados Unidos y en naciones como Canadá, Holanda, Argentina, Brasil, Perú y Chile ya se permite el uso de la marihuana para efectos medicinales.

DN/I