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“Corrupción viola derechos humanos”

Advertencia. Fortalecer las capacidades reactivas del Estado no garantiza que se soluciones la inseguridad y sí propicia que se presenten violaciones a los derechos humanos, dice Luis Raúl González Pérez. (Foto: Cuartoscuro)

Ciudad de México. El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, afirmó que los recursos que se destinan para garantizar los derechos humanos no son un gasto sino una verdadera inversión.

El gran reto, anotó, es conciliar el enfoque de derechos humanos que se identifica con el uso máximo de los recursos disponibles, el no retroceso y la progresividad con los enfoques económicos vinculados que buscan el control del gasto público bajo lógicas diversas.

Durante la presentación de los resultados y conclusiones del Estudio sobre Presupuesto Público y Derechos Humanos, señaló que atendiendo a las problemáticas actuales, la transparencia y rendición de cuentas, así como un combate frontal y decidido a la corrupción se vuelven también temas prioritarios.

“No sólo es asignar formalmente los recursos, es preciso que los mismos se apliquen al destino para el cual fueron asignados y que su ejercicio sea eficaz y eficiente. La corrupción implica que los recursos presupuestarios de suyo limitados e insuficientes no se destinen y ejerzan indebidamente. La corrupción viola derechos humanos, nos perjudica y violenta a todos”, indicó.

González Pérez manifestó que la prevención es una de las mejores vías contra la violencia, y expuso que la relación entre derechos y presupuesto pasa por la determinación de las capacidades de financiamiento, de las acciones necesarias para la consecución de éstos.

En el Auditorio Jorge Carpizo McGregor de la Coordinación de Humanidades de la UNAM, ejemplificó que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, hay algunos aspectos que deben reflexionarse sobre la importancia que actualmente se da a los derechos humanos en la política presupuestaria.

Consideró que privilegiar el fortalecimiento de las capacidades reactivas del Estado, no garantiza necesariamente el que se solucionen en el corto plazo los problemas de inseguridad que vive el país y, por el contrario, propician que se presenten violaciones a los derechos humanos.

El ombudsman nacional consideró que el Plan Nacional de Desarrollo debe diseñarse en términos del Artículo 1 Constitucional, con perspectiva de que los derechos son indivisibles, interdependientes y universales.

“El estudio propone determinar la vinculación de cada programa público con los derechos humanos y sustentarla como función y política de Estado, además de incorporar en las etapas de manera implícita criterios de medición en materia de derechos humanos”, expresó.

Consideró que la institucionalización de los derechos humanos como objetivo de política pública debe reforzarse mediante la supervisión del Poder Legislativo, lo que contribuirá a mantener certeza en el debate político, económico y presupuestal sobre el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos.

“No sólo es asignar formalmente los recursos, es preciso que los mismos se apliquen al destino para el cual fueron asignados y que su ejercicio sea eficaz y eficiente”
Luis Raúl González Pérez, Ombusdman nacional

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