De plurinominales y financiamiento

El asunto del financiamiento a los partidos políticos es una discusión interminable en cualquier democracia. Más polémico resulta cuando los partidos son las instituciones que menor confianza concitan entre la ciudadanía. Esto se acentúa cuando los partidos se transforman en fuentes de riqueza de familias y allegados, decisiones políticas alejadas de sus bases o nominaciones impopulares.

Los partidos políticos tienen vida propia y, a pesar de la legislación que regula sus actividades, siempre encuentran resquicios legales, conductas leguleyas y artilugios habilidosos para lograr sus objetivos. Claro ejemplo lo constituyen las adelitas, los juanitos y los vientres de alquiler para cumplir las cuotas de género o las ocasiones en que los organismos de justicia electoral los han obligado a reponer procedimientos partidistas internos poco democráticos.

Y es que lo que está en juego son los dineros que como partidos administran. El próximo año se celebrarán elecciones para elegir diputados, senadores y presidente de la República, y destinarán más de 6 mil 788 millones de pesos de financiamiento federal. A esta cantidad habrá que sumarle lo que cada entidad federativa les destina para actividades ordinarias y para las elecciones simultáneas para munícipes, diputados locales y gobernador.

Ante este escenario, muchas voces se han alzado para pedir desde que se destine todo este dinero para la reconstrucción o que se elimine completamente el financiamiento público. Es importante señalar que el dinero público es vital para los partidos políticos como éstos también son esenciales para el funcionamiento de cualquier Estado democrático para garantizar su independencia y evitar apoyos económicos de dudosa procedencia.

La discusión deberá centrarse no en si deben o no recibir financiamiento público, sino en la necesidad de reducirlo, al igual que los topes de gastos de campaña, además de transparentar sus gastos ordinarios y los orígenes del financiamiento privado. Para este rubro, la Ley General de Partidos Políticos establece como límite 10 por ciento para candidatos y simpatizantes “del tope de gasto para la elección presidencial inmediata anterior, para ser utilizadas en las campañas de sus candidatos”. Por el candidato está claro, porque sólo es uno, ¿pero la suma de los apoyos de simpatizantes no deber ser mayor a ese tope o lo que un solo simpatizante no debe rebasar? No está claro.

Si prospera la intención de reducir el financiamiento público en el Congreso deberá estar acompañada por mecanismos rigurosos que permitan su fiscalización, control y transparencia. Si prevalece la propuesta del Frente Ciudadano por México de reducir 100 por ciento del financiamiento público para que sean sus militantes y simpatizantes quienes costeen los gastos de campaña, también deberán implementarse mecanismos para evitar el ingreso de dinero del narcotráfico o de otra dudosa procedencia.

Por otro lado, ya entrados en calor –y en un arrebato de populismo–, la temeraria propuesta del líder del PRI de reducir 64 senadores, 200 diputados federales (plurinominales, pues) y 400 diputados locales es atrevida, insensata y perversa. No importa, al cabo estamos en pleno proceso electoral, época de promesas y buenos deseos.

Aunque no le iría nada mal al PRI: en las pasadas elecciones de 2015, el PRI obtuvo 155 diputados de mayoría relativa y 48 de representación proporcional (RP), 203 en total, lo que representa 41 por ciento del total de 500 diputados; pero si se eliminan los de RP tendrían 52 por ciento de la representación en la cámara, lo que les daría la añorada mayoría artificial dado que tan solo obtuvo 29 por ciento de las preferencias electorales en ese año.

La propuesta de reducir 100 por ciento del financiamiento público a los partidos políticos y de eliminar los diputados de representación proporcional son promesas de campaña con vistas a las elecciones del próximo año

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JJ/I