El sismo inmobiliario

Los sismos de septiembre han sido un importante revulsivo para la discusión pública en el país. Uno de los temas que está tomando cada vez más relevancia es el de las fallas estructurales en los edificios que se colapsaron en la Ciudad de México. Al preguntarse sobre los responsables, los líderes de opinión están cayendo en el lugar común de culpar al gobierno de la Ciudad de México por haber otorgado los permisos de construcción.

Pero el problema es mucho más complejo que eso. Las causas profundas de los derrumbes van mucho más allá que la simple autorización de permisos de construcción que, por supuesto, nunca se debieron otorgar. Las explicaciones las tenemos que buscar en los procesos económicos y sociales que posibilitaron la construcción de los edificios endebles.

Dos de las colonias más afectadas fueron la Roma y la Condesa. Se trata de barrios que atraviesan por graves problemas de gentrificación –un proceso también conocido como blanqueamiento social–. La gentrificación es el proceso mediante el cual el suelo de una colonia se encarece y se vuelve inaccesible para la población más pobre. El encarecimiento del suelo se puede deber a factores muy diversos, pero en el fondo tiene que ver con que cada vez más personas quieren vivir en ese barrio y que la gente está dispuesta a pagar más por vivir ahí.

Como resultado, los pobres se tienen que salir del barrio para irse a una zona más barata y la gente con mayor poder adquisitivo se muda al vecindario. Los barrios que atraviesan procesos de gentrificación son terreno fértil y muy próspero para los desarrolladores inmobiliarios. Las y los empresarios de la construcción compran las viviendas más baratas, las casas casi destruidas y las convierten en edificios de departamentos. Los negocios inmobiliarios son como cualquier otro negocio, donde la lógica es maximizar las utilidades. Esto se logra con una estrategia muy básica: minimizar los costos de la construcción y vender las nuevas unidades habitacionales al precio más alto posible.

El factor de fondo en el derrumbe de los edificios de la Roma y la Condesa es el objetivo de maximizar las utilidades a través de minimizar los costos de construcción. La sed insaciable de utilidades de los desarrolladores inmobiliarios de ninguna manera es responsabilidad de ningún gobierno. La responsabilidad de los edificios que se colapsaron es totalmente de los desarrolladores inmobiliarios. Las víctimas mortales y los damnificados de los derrumbes deben quedar en sus conciencias.

Los que culpan al gobierno lo hacen con el argumento de que si los permisos de construcción no se hubieran otorgado, entonces los edificios no se hubieran derrumbado. Y que si se otorgaron los permisos de construcción fue por culpa de la corrupción del gobierno. Tienen razón, pero no es toda la historia. Para que exista un acto de corrupción se necesitan dos, un servidor público que otorgue los permisos y un desarrollador inmobiliario que ofrezca un soborno.

Si al acto de ofrecer un soborno le sumamos minimizar los costos de construcción y poner en riesgo la estabilidad estructural de los edificios, me parece que los desarrolladores inmobiliarios tienen más responsabilidad que el gobierno. Pero claro, a los empresarios inmobiliarios nadie los pone bajo la lupa, nos conformamos con culpar al gobierno de la Ciudad de México.

Coordinador del Laboratorio de Innovación Democrática (LID)

JJ/I