Defender el territorio

Hace más de 35 años nuestro país –al igual que muchas otras naciones del mundo– se apegó a un modelo económico impuesto desde el exterior, orientado por organismos financieros internacionales que prevalece hasta hoy en día: el neoliberalismo. Miguel de la Madrid sentaría las bases jurídicas para transitar del Estado surgido de la Revolución mexicana al Estado neoliberal que prevalece.

El fraude electoral cometido en 1988 contra Cuauhtémoc Cárdenas, candidato del Frente Democrático Nacional, garantizó la continuidad del proyecto neoliberal; Carlos Salinas, impuesto en la Presidencia de la República como fiel defensor de los intereses económicos extranjeros, impulsó los puntos del llamado Consenso de Washington (libre ingreso al capital trasnacional, disciplina fiscal, reforma tributaria, privatizaciones, tipo de cambio competitivo, desregulación económica); por su parte, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto no han hecho sino continuar y profundizar la aplicación de ese modelo.

Las consecuencias sociales de privilegiar los intereses privados trasnacionales por encima del bienestar de la población son más que evidentes; la distribución de la riqueza es cada vez más desigual, se han abandonado conquistas laborales para los trabajadores, el campo está en el abandono, la corrupción impera en todos los niveles de gobierno, partes del territorio nacional se han entregado a empresas extranjeras que desplazan a los habitantes de las comunidades para establecer sus negocios y los recursos naturales se han puesto a disposición de esos intereses trasnacionales.

En Mexicali, por ejemplo, el gobierno local otorgó a la empresa extranjera Constellations Brands la posibilidad de utilizar el agua de consumo doméstico para el servicio industrial con el discurso de generar fuentes de empleo, generalmente con muy bajo salario; argumento inválido cuando en una región apenas alcanza el agua por situarse en un valle en medio del desierto y ahora se pretende desviar el vital líquido a un negocio particular.

En Zacatecas, las comunidades Salaverna y La Colorada –entre muchas otras– han sido gravemente afectadas por las empresas mineras que más o menos siguen el mismo procedimiento en todas las regiones: alegan que han comprado los derechos del territorio, le dicen a las comunidades que las reubicarán en paupérrimas viviendas, llegan con máquinas pesadas a demoler las construcciones de la población y a las personas que resisten las hostigan hasta forzarles a ceder sus derechos.

En Jalisco, la empresa Abengoa inició hace más de 10 años la construcción de la Presa El Zapotillo con el argumento de abastecer agua a León, principalmente para uso industrial, sin considerar las afectaciones a las poblaciones de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, que resultarían completamente inundadas al autorizarse una cortina superior a la prevista en el proyecto original; es decir, para los intereses empresariales está justificado desaparecer completamente a tres poblaciones asentadas en esos territorios en aras de la utilidad del sector privado empresarial.

En otra región de Jalisco, la empresa canadiense First Majestic obtuvo la concesión hace alrededor de siete años para explotar con la minería partes del territorio de Wirikuta, sin estudios suficientes de impacto ambiental sobre la flora y la fauna, la contaminación de agua y tierra, y sin detenerse a considerar el derecho histórico del pueblo wixárika sobre su territorio ancestral. Así, la historia se repite a lo largo y ancho del país, las trasnacionales y sus intereses económicos, con la complicidad del gobierno, pasan por encima de las comunidades y sus derechos.

Pero también se ha replicado la resistencia. Temacapulín tiene más de 10 años en lucha contra la inundación de su pueblo; en Salaverna y La Colorada los habitantes se resisten a ser desplazados a pesar del hostigamiento; el pueblo wixárika ha salido a la defensa de su territorio sagrado; Mexicali se moviliza contra la entrega del agua, usando todos los mecanismos legales a su alcance, pero también la movilización social y la protesta civil.

Con sus luchas, decenas de comunidades en México que rechazan la entrega del territorio, el saqueo de sus recursos y la privatización del agua, que protestan al ser desplazados por las mineras, están defendiendo desde sus causas locales la soberanía y el interés nacional.

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