Compran software carísimo... e inútil

La Secretaría de Salud Jalisco compró en la anterior administración un software para llevar el padrón de beneficiarios del Seguro Popular por un monto superior a los 326 millones de pesos, adquisición que no estuvo debidamente autorizada. Además, el sistema no funcionó adecuadamente, el expediente de la contratación fue robado y, a pesar de las inconsistencias, se le dio continuidad durante la gestión de Antonio Cruces Mada.

Como consecuencia de las irregularidades en torno a este contrato, se han presentado al menos tres denuncias penales, según documentos a los que El Diario NTR Guadalajara tuvo acceso. La primera de ellas en agosto de 2015, por parte de quien era titular del área que llevaba el padrón de beneficiarios, porque se falsificó su firma en el proceso de licitación. La siguiente, por el responsable jurídico de la Secretaría de Salud, en marzo de 2014, por el robo del expediente.

Finalmente, el 28 de noviembre de 2014, el entonces contralor estatal, Juan José Bañuelos Guardado, presentó una denuncia penal de hechos por “conductas que probablemente constituyen ilícitos cometidos” en contra de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) y el Seguro Popular en la entidad.

Entre los posibles responsables, se señala a quien era director administrativo de la Secretaría de Salud en la anterior administración estatal, Álvaro Córdova Pérez, así como a quien estaba al frente del Seguro Popular, José Luis Gómez Quiñonez, y al ex director de Recursos Materiales de la SSJ, José Ángel García Orozco.

Delitos

Según lo señalado en la denuncia penal, a la que este diario tuvo acceso, esos funcionarios “intervinieron y propiciaron deliberadamente la adquisición y contratación de un servicio informático que no reunía la calidad requerida para obtener un sistema de administración eficiente de afiliados” al Seguro Popular.

Entre los posibles delitos cometidos se señala el peculado, el desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades, y asociación delictuosa.

En la pasada administración estatal, la Secretaría de Salud lanzó la licitación LPN-43068001-007-12 para la contratación del “servicio integral de automatización, basado en un modelo de gestión, optimización y prácticas que garanticen la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información de afiliaciones al Seguro Popular en el estado de Jalisco, que incluya la implementación y puesta a punto de controles sistematizados y tecnificados del archivo físico de los expedientes que lo integran”.

Desde la sesión de la Comisión de Adquisiciones de la SSJ, según el acta del 22 de junio de 2012, se advirtió que el sistema “no se tiene contemplado en el programa anual” de compras. Sólo se estableció el compromiso de hacer la petición formal ante la Junta de Gobierno. Ese día se habían presentado las bases de la licitación para que fueran aprobadas.

El 20 de julio de 2012, finalmente se adjudicó la compra a la empresa Global Incom, “por haber presentado una propuesta económica baja y solvente”, ajustada al presupuesto del organismo. Los particulares debían integrar el archivo físico de 3 millones de expedientes, “considerando hasta 50 hojas” por cada uno. Todo esto, sin que la Junta de Gobierno avalara la compra.

Irregularidades

Al revisarse el funcionamiento del sistema, en un peritaje del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, se encontró que permitía el ingreso de datos inválidos, sin alertar del error, por lo que no había certeza de la integridad del padrón de afiliados. Además, el número de afiliados al Seguro Popular al momento de la contratación equivalía apenas a 39.3 por ciento del número de expedientes a capturar contratados.

Otra irregularidad fue que los archivos sólo podían consultarse internamente y no a través de Internet, por lo que el beneficio no podía extenderse a los usuarios en el manejo de sus expedientes ni en el uso del almacén.

La empresa, además, solo tenía espacio físico para guardar 51.7 por ciento de los expedientes. En la captura de los mismos, se encontró que apenas 5.21 por ciento estaban completos.

También se señala que ni el aire acondicionado ni el equipo de cómputo tiene una fuente alterna de energía, “lo cual pone en riesgo la continuidad de los servicios y podría representar una pérdida de la información total”.

La Contraloría estatal propuso a la Secretaría de Salud que presentara una demanda civil, pero el jurídico Fernando Letipichía Torres respondió que no era viable, por lo que se volvió a requerir a la dependencia, pues no aparecía el aval de esa postura de quien era titular, Antonio Cruces Mada, quien en cambio pidió se instalara una mesa de trabajo para revisar este tema.

Cuando se solicitó información a Cruces Mada sobre la continuidad del contrato, cuando él era titular del Seguro Popular, aceptó había recibido los “entregables 4 y 5” por parte de la empresa, pero “por un error involuntario del personal de esta dirección general no habían sido remitidos”.

 El contrato

. 22 de junio de 2012. Se pide autorización para aprobar las bases de la licitación y se hace referencia en la Comisión de Adquisiciones que no está en el plan de compras de ese año

. 15 de agosto de 2012. Se presentaron tres oficios con la requisición para la compra del software con un costo autorizado de 119 millones 999 mil 999 pesos, otra por 161 millones 999 mil 999 pesos y una tercera por 45 millones 999 mil 999 pesos

. 15 de agosto de 2012. El ex jefe del Departamento de Administración del Padrón de la Dirección del Seguro Popular presenta una denuncia penal por la falsificación de su firma para autorizar la compra

. 29 de agosto, 4 de octubre y 18 de noviembre de 2012, y 2 de enero y 11 de febrero de 2013. La empresa presentó las facturas por $97’963,680, $91’432,768.01, $91’432,768.01, $35’920,015.98 y $9’796368, que suman $326’545,600

. 3 de septiembre de 2012. Se confirma en la Junta de Gobierno que la compra no estaba en el programa anual

. 26 se septiembre de 2012. En el acta de la sesión de la Junta de Gobierno se confirma que no se autorizó la licitación

. 28 de marzo de 2014. La actual administración estatal de la Secretaría de Salud presenta una denuncia penal contra Alma Alejandra Loera y quien o quienes resulten responsables por el robo del expediente de la contratación de la empresa Global Incom

. 28 de noviembre de 2014. La Contraloría estatal presentó una denuncia penal de hechos por los posibles delitos de peculado, desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades, y asociación delictuosa

Hallazgos

Fallas del sistema

. Permite ingreso de datos inválidos sin lanzar una alerta

. Número de afiliados a capturar es apenas el equivalente a 39.3 por ciento de los expedientes contratados

. Los archivos sólo pueden consultarse internamente y no a través de Internet, por lo que el beneficio no es para los usuarios

. La empresa sólo tiene espacio físico para guardar 51.7 por ciento de los expedientes

. De los expedientes capturados, sólo 5.21 por ciento estaban completos

. La empresa no tiene fuente alterna de energía, lo que representa un riesgo para la pérdida de información

EH/I