Los sancionan por opacos y no pagan

Los multan por opacos, pero no pagan la sanción. Así ha sido la lógica de diversos funcionarios públicos desde 2016. Desde entonces, ante las 31 multas impuestas por el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales (Itei), hay 20 que no han sido cubiertas.

Se trata de sanciones económicas que se basan en salarios mínimo o unidad de medida y actualización. Una de las más altas se registra este año y es de 200 días, es decir, ronda los 16 mil pesos. Otras que son más bajas tampoco han sido cubiertas.

Mientras que el Itei se encarga de imponer estas sanciones, quien tiene la responsabilidad de cobrarlas es la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf). En una lista proporcionada por esa dependencia estatal a través de una solicitud de información, se puede ver que entre los 20 funcionarios omisos hay seis alcaldes: Juan Carlos Rodríguez Mayorga, de Bolaños; Javier Degollado González, de Chapala; Juan Ramón Lozano Jauregui, de Mexticacán; Rosalío Villaseñor Álvarez, de Atenguillo; Luis Rodolfo Martínez Sánchez, de Tolimán, y Alejando de Anda Lozano, de San Juan de los Lagos.

La multa más alta que recae sobre uno de los presidentes municipales deudores corresponde a 150 días de unidad de medida y actualización, alrededor de 12 mil pesos, y es del de Bolaños.

Los titulares de las unidades de transparencia son los servidores públicos que aparecen más en la lista de multas por opacidad, con 12. Para colmo, ninguna de estas sanciones económicas ha sido cubierta, según los datos que proporcionó la Sepaf.

Ni se enteran

En muchas ocasiones no se trata de que un alcalde no quiera pagar, sino que hay veces en las que no se entera de que tiene una sanción de ese tipo. Esto lo afirmó en entrevista para este medio Cynthia Cantero Pacheco, titular del Itei.

“Lo que nos hemos dado cuenta es que los funcionarios, en algunos casos el secretario general, en otros casos el jurídico del ayuntamiento, el síndico, son quienes manejan, atienden los requerimientos del instituto; en algunos casos hasta ellos mismos pagan las multas con tal de que el presidente no se entere, o en otros casos no las han pagado, pero el asunto del requerimiento no le llega al presidente municipal, sino que le llega a sus inferiores jerárquicos ,que tratan de ocultarle lo que está ocurriendo”.

Así, en muchas ocasiones el alcalde se ha enterado de que hubo amonestación y sanción económica hasta que llega el arresto administrativo. Es entonces cuando se da cuenta de que sus subordinados no le informaron de los requerimientos previos con tal de no hacerlo enojar o hasta para evitar perder su trabajo.

“Cuando ya se determina el arresto administrativo y que evidentemente es un asunto público donde todos los medios de comunicación lo hacen más que evidente, es cuando el presidente se entera de que previo a eso existieron seis meses de por medio donde antes ya se le había impuesto una multa y antes ya se le había impuesto una amonestación”.

El límite

Si bien el instituto trata de darle seguimiento a las sanciones y está en comunicación con la Sepaf, el papel que le asigna la ley es el de garantizar el acceso a la información pública, recordó Cynthia Cantero.

Es decir: el Itei amonesta y multa al funcionario, y su trabajo es que éste entregue los datos que previamente le fueron requeridos. Si cumple o no la sanción impuesta, legalmente se sale de las atribuciones del organismo.

En el caso de las multas, como ya se dijo, le toca cobrarlas a la Sepaf. Éstas se convierten en créditos fiscales que debe pagar el funcionario, incluso si ya dejó la institución pública. Para esto se le dejan notificaciones en su domicilio particular y el proceso puede llegar hasta el embargo.

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FRASE

“Ha ocurrido, y eso te puedo asegurar casi en los ocho arrestos que lleva determinados el Itei, donde nos damos cuenta que el presidente municipal es el último en enterarse de las sanciones o medidas de apremio que previas al arresto se le impusieron”
Cynthia Cantero, titular del Itei

JJ/I