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Se deshacen de bienes para el pago de laudos

No hay de otra. El de El Grullo es uno de los gobiernos municipales que tuvieron que recurrir a ese método. (Foto: Especial)

A falta de dinero, y con tal de que los alcaldes no sufran suspensiones por no pagar, hay Municipios que han optado por cubrir laudos con propiedades. Hasta a eso han tenido que recurrir.

A través de solicitudes de transparencia, este medio pidió información sobre laudos a todos los Municipios del estado; principalmente se requirieron datos sobre el tamaño de la deuda que recibieron las actuales administraciones y cuánto dinero habían erogado hasta febrero de este año por ese concepto.

De los 82 Municipios que contestaron, hay tres que informaron que se vieron en esa situación: desprenderse de propiedades públicas para saldar adeudos con los trabajadores. Se trata de El Grullo, La Huerta y Villa Guerrero.

En el caso de El Grullo, informó que de los siete adeudos que tenía, uno lo tuvo que cubrir con una propiedad. Guillermina Núñez Ortega fue la ex empleada que ganó el laudo, a quien el juez ordenó pagar 300 mil pesos. Ante la falta de presupuesto, el ayuntamiento optó por esto: “Pago con lote propiedad del ayuntamiento, recibido como área de donación, en el Fraccionamiento San Pedro de El Grullo, habiendo acordado que se vendiera dicho lote y lo que excediera de $300,000 pesos sería restituido al ayuntamiento”. Ésa fue la respuesta textual a la solicitud de transparencia.

Al inicio de la administración, La Huerta tenía adeudos con siete personas por ese mismo concepto. Hasta febrero se habían cubierto dos: uno con dinero y otro con un lote. Sobre este último, éstas son las características, según la respuesta textual del Municipio:

“Lote urbano con un calor precio valuado en $1’050,000.00 (un millón cincuenta mil pesos 00/100 M.N.). Lote número I de la manzana 3 de la calle Cenzontle esquina con la calle Gavilanes sin número en el fraccionamiento El Descanso en Punta Perula en el municipio de La Huerta, Jalisco, con una superficie total de 1,008.33 metros2, con un número de cuenta predial U-009349 y la clave catastral 043-27-01-00-203-008 del Municipio de La Huerta, Jalisco, cuyas medidas y linderos son las siguientes: al norte: en 44.41 metros, en línea de oeste a este con lote 4 y lote 7. Al sur: en 44.31 metros, con la calle Cenzontle. Al este: en 23.03 metros con lote 23. Al oeste: en 23.00 metros con lote 23. El terreno cuenta con título de propiedad expedido bajo la Resolución No. 08 043 000 00, y se encuentra registrada en el Registro Público de la Propiedad bajo el folio real 7045078”.

El otro laudo, el que se pagó con dinero, tuvo que cubrirse en abonitos. El Municipio informó que se hizo un primer pago de 500 mil pesos con cheque, y los 264 mil 875 pesos serían cubiertos a 12 meses.

Por su parte, Villa Guerrero informó tener un solo laudo en esta administración, mismo del que fue notificado el 30 de junio de 2016 y asciende a 514 mil pesos. Una parte tuvo que ser cubierta también con una propiedad. Ésta es la descripción textual de la misma: “Una fracción de lote baldío del predio rústico ubicado en la calle Ricardo Flores Magón, esquina con calle Carmen Bedoy, en la población de Villa Guerrero, con superficie de 300.00 M2, el cual tiene un valor catastral de $95,625”.

Ni La Huerta ni Villa Guerrero informaron a favor de qué ex funcionario se dieron estos bienes del Municipio.

Otro caso

Tala es uno de los Municipios que, pese a que está obligado por ley, no contestó la solicitud de transparencia planteada sobre los laudos que enfrenta la administración; sin embargo, en el Congreso del Estado hay constancia de que puso patrimonio municipal a disposición para cubrir sus adeudos con ex trabajadores.

En un oficio que el Legislativo recibió el 27 de septiembre de 2016, se le informa a éste de manera textual: “Vengo a poner a disposición de este H. Congreso los bienes inmuebles que sean necesarios de los Fraccionamientos Jardines de Tala y Villas del Carmen de la ciudad de Tala, Jalisco, que son propiedad del municipio que represento, a efecto de poder cubrir el monto de lo laudado en el procedimiento laboral número 154/2008-B que conoce el H. Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco”.

Quien firma el documento es Miguel Ángel Bello Camacho, apoderado especial para pleitos y cobranzas y actos de administración del ayuntamiento.

El argumento es la insuficiencia presupuestal para poder cubrir el laudo a favor de Rigoberto Hernández Navarro, además de que no se había podido llegar a ningún acuerdo con esta persona para cubrir el adeudo en diversos pagos.

El mismo documento consigna que, ante la falta de pago, el 7 de julio de ese año, el mismo tribunal ordenó la suspensión del alcalde Aarón César Buenrostro Contreras por 15 días sin goce de sueldo “por falta de pago del laudo antes referido”.

Aunque se le dio a conocer la situación presupuestal del Municipio al tribunal, continúa el documento, éste acordó que, si no se cubría el adeudo en tres días hábiles, también se suspendería a todos los regidores.

El segundo oficio de ese mismo gobierno municipal fue recibido unas dos semanas después, el 13 de octubre. La firma el mismo funcionario. Prácticamente lo único que cambia es el número del procedimiento laboral, pues ahora es el 264/2006-A, así como el beneficiario, que es Agustín Íñigo García. Se ofrecen bienes dentro de los mismos fraccionamientos.

NÚMERO

3 municipios contestaron por transparencia haber utilizado ese método de pago: El Grullo, La Huerta y Villa Guerrero

Evidencia. Tala expresó al Congreso del Estado en 2016 que quería pagar esos adeudos con bienes municipales.

Laudos de confianza se deben a favoritismo

Amañadas son las acciones de gobiernos salientes que han separado de sus puestos a trabajadores de confianza para que ganen juicios o indemnizaciones por laudos en Jalisco. Mucho trabajo habrá para los litigantes entre 2018 y 2019.

Ésa es la perspectiva de Estanislao Solórzano Barón, catedrático de la División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara; sin embargo, sostuvo que no son comunes los procedimientos por responsabilidad administrativa o penal contra los servidores públicos por esos despidos.

“Lo que hacen muchos presidentes municipales es correr a sus subalternos de confianza para darles la oportunidad legal para que demanden. El contrato, el nombramiento, mejor dicho, pudiera vencer con el solo plazo, con el solo transcurso del tiempo, pero para darles una acción y que los indemnicen y demás, mejor los corro antes de que venza el plazo”.

Esta modalidad para favorecer a los empleados de confianza surgió a partir de una reforma en Jalisco que buscaba limitar los puestos de confianza al término de la gestión de cada gobierno, pues existía esa norma a nivel federal, pero en la entidad había algunas medidas de protección para los trabajadores y leyes que persisten, postuló Solórzano Barón.

“Tratar de circunscribir la duración de los nombramientos al plazo constitucional de tres años de un presidente municipal o de seis años de un gobernador a mí me parece que fue una medida adecuada, una reforma que tiene no más de 10 años, pero se han encontrado caminos alternos para tratar de incumplir esta norma”.

“Se quejan: ‘Estamos pagando demasiados laudos’”. ¿Para qué das demasiadas plazas?; “estamos pagando demasiados salarios muy caros”, pero ¿por qué legalmente has generado leyes en que esas personas ganen tanto dinero? Es increíble que haya plazas de magistrados que ganen más que el gobernador, eso no me parece a mí como contribuyente”.

Los gobiernos municipales con nóminas en riesgo de iniciar procesos contenciosos podrían lanzar un esquema de retiro voluntario para ahorrarse gastos legales y salarios excesivos, planteó el especialista.

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FRASE

“Lo que hacen muchos presidentes municipales es correr a sus subalternos de confianza para darles la oportunidad legal para que demanden”
Estanislao Solórzano, catedrático

JJ/I