Control y confianza: ¿infalible?

Mientras el diputado Héctor Pizano Ramos, integrante de la Comisión de Seguridad y Justicia, propuso al seno de la misma la integración de una mesa interinstitucional de análisis integral de las reformas en materia de justicia donde tenga un lugar… ¡el Poder Judicial!, su homólogo de Movimiento Ciudadano Javier Romo Mendoza presenta ocurrencias como su iniciativa #BuenosJueces (cándido título que nada tiene que ver con el #PuebloBueno lopezobradorista) donde lo único que hace –según lo reveló él mismo en su cuenta de Twitter– es… ¡replicar lo mismo que el gobernador Enrique Alfaro!

Para empezar –y creo que para fortuna del Legislativo, de acuerdo con su iniciativa–, el diputado Romo Mendoza no forma parte de la Comisión de Seguridad y Justicia, que preside el perredista Enrique Velázquez, sino de las de Medio Ambiente, de Movilidad y de Participación Ciudadana; segundo, apariciones como la de este legislador con propuestas como la que él mismo anunció le quitan seriedad a un asunto de gran trascendencia como es la reforma al Poder Judicial, al que el Ejecutivo pretende imponerle hasta el modito de caminar.

Y uno de los puntos más controvertidos en la iniciativa del gobernador Enrique Alfaro, y que ayer referí en este espacio, es pretender imponerles se sometan a exámenes de control y confianza como se les aplica a funcionarios y elementos que tienen que ver con la seguridad pública, y que ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que es inconstitucional y, por supuesto, una invasión a la autonomía del Poder Judicial.

Pero además de su inconstitucionalidad –que ya con eso basta para rechazarla como simple propuesta– y de ser una violación a la autonomía de otro poder –un motivo más para ni siquiera entrar a la discusión del tema–, expertos y especialistas en la materia coinciden en una razón más para explicar por qué es una aberración el despropósito del Ejecutivo de pretender someter al Poder Judicial de esta manera: que estos exámenes no son infalibles, o sea, que sea imposible que dichas pruebas no se equivoquen.

¿Cuántos funcionarios y elementos que tienen que ver con el ámbito de la seguridad pública en los tres niveles de gobierno –federal, estatal y municipal– se han visto involucrados en actos y hechos delincuenciales o del crimen organizado en el ejercicio de su cargo y nos enteramos que estaban ahí porque aprobaron las pruebas de control y confianza? ¿Dónde está la garantía de veracidad de estos exámenes? ¿No es, por el contrario, un falso blindaje porque se cree que haber aprobado el examen de control y confianza hace honesto y honorable al funcionario público y por ello debe de ser garante de la confianza ciudadana, cuando eso no le es impedimento para actuar en la ilegalidad?

Tampoco es la mejor idea o propuesta lo declarado por el diputado coordinador de la fracción alfarista de Movimiento Ciudadano en el Congreso, Salvador Caro Cabrera, en el sentido de obligar al Poder Judicial a crear su propia prueba de control y confianza para poder sortear las objeciones y criticas de las que ha sido objeto la propuesta alfarista.

Por lo pronto, hasta lo que ha trascendido en los corrillos judiciales y legislativos es que la propuesta del Ejecutivo de aplicar el actual examen de control y confianza a magistrados y jueces no pasará como está planteada en la iniciativa presentada la semana pasada.

Pero, además, hay otro tema igual de polémico que el de la prueba de control y confianza, y es el propósito de desaparecer el haber de retiro, consagrada ya en la Constitución federal, que tuvo su razón de ser y que hoy con una ocurrencia legislativa pretenden echar abajo.

Pero este punto lo comentaremos en nuestra siguiente entrega con un augurio por delante: no pasará.

ES TODO, nos leeremos ENTRE SEMANA.

JJ/I