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Quinto Patio

Al terminar la lectura de la recomendación de los tráileres de la muerte del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y del Informe Especial 2019 sobre las inhumaciones, una madre, la señora Alejandra Hernández, que no encuentra a su hijo Arturo Guadalupe Estrada Hernández desde el 7 de enero, exigió justicia y rompió a llorar. Su llanto contagió a otras madres que escucharon cómo el gobierno estatal abandonó a más de seis centenas de cuerpos de hijos, esposos, hermanos, padres. Cómo 85 personas se pudrieron, se perdió materia viva y legal para su identificación. Se oyó el grito desgarrador: “¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!”.

Gente de la defensoría pública, enfundada en chalecos azul, beige y blanco, dudaba si acercarse a la señora o quedarse en el presídium ante el reclamo. El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Alfonso Hernández Barrón, atinó a abrazar a la madre. Flashazos. Otro funcionario. Más flashazos para el emotivo encuentro. Después todo acabó, las fotos quedaron para las redes e impresos. Se exhortó a las autoridades. La madre de Arturo Guadalupe continúa con su incertidumbre, sin su hijo que está desaparecido. El tiempo sigue mordiendo. El dolor se encaja en la piel ante la monstruosidad detrás de las fallas, negligencias e incapacidades con cientos de cuerpos inermes. Y pensar que puede ocurrir de nuevo, estruja el corazón.

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Por la tarde, en la glorieta de los Niños Héroes, se reunieron familiares para recordar al bebé Tadeo y a su madre Elizabeth, quienes el año pasado perdieron la vida por las quemaduras. El camión urbano en que ambos viajaban fue incendiado el 21 de mayo de 2018 por miembros de un grupo de delincuentes, luego de que horas antes intentaron asesinar en Guadalajara al ex fiscal Luis Carlos Nájera. Día de vigilia, día triste, día de luto.

La abuela de Tadeo y la madre de Elizabeth estuvieron presentes. Los asistentes encendieron veladoras, colocaron imágenes del niño y su joven mamá. La familia reclama a las autoridades estatales se investigue lo sucedido, se conozca la verdad, se respeten los derechos humanos de las víctimas, se reparen los daños. Entregaron una carta dirigida al gobernador Enrique Alfaro con sus demandas. Día doloroso.

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación analizará si recibe el juicio de amparo promovido por la Unión de Colonias de la Puerta Sur para una acción colectiva que detenga definitivamente el fraccionamiento Santa Anita Hills. La clave es que el mayor tribunal del país determine el alcance de la representación jurídica para estos juicios, y más importante aún, si cualquier vecino de un centro de población afectado con el daño ambiental tiene derecho a las reclamaciones.

Puede sonar árido, pero es esencial que se entienda que los derechos difusos, corresponden a fenómenos difusos como no es el daño ambiental, y que la sociedad en su conjunto termina pagando costos de negocios privados; por ejemplo, desmontar un bosque para ser un multimillonario negocio residencial. En ese sentido, tanto usted, amigo que se asoma a esta vecindad, como los inquilinos, tenemos que estar interesados en lo que diga la corte. ¿Correcto?

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Parece que el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador a un nuevo acuerdo de distribución de agua del río Verde no está tan claro, pues condicionó la entrega de recursos para infraestructura hidráulica a que haya acuerdo en todos los sectores, lo cual incluiría a quienes se oponen a la Presa El Zapotillo y el acueducto a la zapatera ciudad de León, Guanajuato.

Ante eso, el gobierno de Jalisco optó por la instalación de una mesa de trabajo, donde se analice técnicamente qué es lo que se hará. Todo indica que la inconformidad que hay en la región de los Altos, por la falta de agua y las afectaciones que este proyecto traería para la producción de alimentos, ya tuvo eco en las oficinas del presidente. Si alguien no quería escuchar a los inconformes, pues ahora tendrá que hacerlo.

qp@ntrguadalajara.com

JJ/I