El director del capítulo Michoacán de Mexicanos Primero, Eric Avilés, afirmó que el caso del adolescente que asesinó a dos maestras en Lázaro Cárdenas no debe abordarse desde una lógica punitiva equiparable a la de los adultos, sino como un fenómeno que evidencia fallas estructurales en la familia, las autoridades y la política pública.
El especialista subrayó que, aunque se trata de un crimen grave, los adolescentes son sujetos de derechos e inimputables bajo el marco legal vigente, por lo que propuestas como pena de muerte o cadena perpetua resultan inviables y simplistas. En cambio, señaló que se debe investigar la responsabilidad de los adultos, y delitos como omisión de cuidados o posesión ilegal de armas de uso exclusivo del Ejército, que están tipificados en el Código Penal Federal.
Erik Avilés indicó que también existe una responsabilidad directa de las autoridades, al señalar la ausencia de protocolos de seguridad escolar, así como la falta de atención socioemocional para niños y jóvenes. Recordó que en el estado se han registrado múltiples hechos violentos, incluidos asesinatos de empresarios y presidentes municipales, lo que genera un entorno donde las infancias crecen expuestas de manera constante a situaciones traumáticas sin acompañamiento institucional.
Asimismo, advirtió que el acceso a armas de alto poder en entidades como Michoacán es cada vez más sencillo debido a la presencia del crimen organizado y el tráfico ilegal. Destacó que incluso existen mecanismos informales en redes sociales para la compra de armas, mientras que los niveles de impunidad, que superan el 90 por ciento, contribuyen a normalizar la violencia como forma de resolución de conflictos.
Finalmente, el director del capítulo Michoacán de Mexicanos Primero enfatizó que la respuesta del Estado no puede limitarse a castigar a los menores, sino que debe centrarse en políticas públicas integrales que incluyan prevención, atención psicológica, fortalecimiento del tejido social y regulación efectiva del entorno digital. Advirtió que criminalizar a los jóvenes sin atender las causas de fondo sólo perpetuará el problema, porque hay millones de menores de edad que enfrentan condiciones de vulnerabilidad en todo el país.
GR
