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Desdeñan anomalías en A Toda Máquina

RENTADA. La maquinaria adquirida con este programa es vía arrendamiento. (Foto: Especial)

La Contraloría del Estado sólo encontró faltas administrativas en la licitación del programa A Toda Máquina de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), por el cual se pagarán más de 3 mil 634 millones de pesos en el sexenio. La dependencia dio a conocer, a través de un comunicado de prensa, que esas irregularidades “no comprometen el resultado mismo de la licitación ni afectan la validez del contrato”. 

En la investigación iniciada a principios de abril tras cuatro denuncias por la licitación del programa, cuyo fin es llevar maquinaria adquirida vía arrendamiento a 121 municipios del estado, se encontró que hubo “negligencia y descuido a los principios elementales que rigen el servicio público, poniendo en riesgo la implementación de una política pública que beneficia a 121” demarcaciones, agrega el texto.

Como consecuencia, la Contraloría determinó “la presunta responsabilidad de tres servidores públicos de la Secretaría de Administración, mismas que serán calificadas mediante el dictamen correspondiente”. Uno de los funcionarios que firmaron el contrato y participaron en prácticamente todas las etapas del procedimiento es Luis Arturo López Sahagún, director general de Abastecimientos de la Secretaría de Administración.

El Diario NTR Guadalajara dio a conocer a fines de marzo que el contrato más importante que se ha firmado por el gobierno que encabeza Enrique Alfaro Ramírez, por 3 mil 634 millones 47 mil 329.90 pesos, se asignó el 12 de febrero, vía licitación, a la empresa Operadora de Servicios Mega, SA de CV, cuyo propietario es Guillermo Romo Romero.

Ese empresario es quien apareció a fines de febrero a la derecha del gobernador Enrique Alfaro y la diputada local de Movimiento Ciudadano (MC) Mirza Flores Gómez, en las primeras filas de un partido de basquetbol de los Lakers de Los Ángeles. Tras ser exhibidos en medios de comunicación, la legisladora declaró que los boletos los había comprado un empresario tequilero (Romo Romero es hijo de un ex dueño de Herradura), aunque después aseguró que no se refería a Romo.

Este diario también dio a conocer que las dos empresas que cumplieron con los requisitos para participar en la licitación, Operadora de Servicios Mega SA de CV y Avancap SA de CV, tienen a la misma representante legal, Mariel Rodríguez Printzen. Otro dato relevante es que esta abogada, antes de laborar para estas empresas, trabajó en las notarías del hermano y el papá del gobernador.

Hay otras dos coincidencias entre estas dos empresas. Una de ellas es que ninguna tiene una ubicación fija, pero en las actas de ambas se señala como domicilio de los socios el mismo, en avenida Patria 324. Otra coincidencia es que Román Ibarra Gangoitti aparece como consejero de Avancap y en su perfil laboral de la red LinkedIn dice ser director comercial de alianzas de Mega.

En el comunicado de ayer, la Contraloría puntualiza que “se detectaron una serie de actos y omisiones que la ley de la materia distingue como faltas administrativas”.

Según información proporcionada por la dependencia, el proceso no ha concluido, pues ahora los funcionarios señalados tendrán la oportunidad de presentar sus argumentos de defensa. De la conclusión dependerá la calificación de las faltas, que pueden ser graves o no graves. Esto a su vez definirá si el caso se remite al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) o a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

“(Hubo) negligencia y descuido a los principios elementales que rigen el servicio público, poniendo en riesgo la implementación de una política pública que beneficia a 121 municipios”

Extracto del comunicado de la Contraloría

NÚMERO

75 municipios de 121 ya fueron beneficiados por el programa estatal

El proceso y lo que sigue

  •  La Contraloría llevó a cabo un procedimiento de investigación, que es la etapa previa al de responsabilidades, “para establecer la probable existencia de faltas administrativas, independientemente de su gravedad”
  •  La Contraloría encontró faltas administrativas que evidencian fallas de eficiencia, negligencia y descuido por parte de tres funcionarios
  •  Los funcionarios dispondrán de 15 días para defenderse
  •  Terminada la investigación, se calificarán las faltas y se determinará si se empieza un procedimiento ante el Tribunal de Justicia Administrativa o si se presenta una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción

Para qué es

  •  El objetivo de A Toda Máquina es incrementar la productividad del sector agropecuario y rural, así como hacer frente a contingencias de tipo natural para reparar, ampliar y abrir caminos, restaurar cauces de cuerpos de agua, entre otras acciones
  •  La condición para los ayuntamientos beneficiados es que el Municipio se haga cargo del pago de diésel y de la nómina de operadores
  •  Los módulos de maquinaria incluyen servicios de mantenimiento, seguro, GPS y capacitación para los operadores de la maquinaria
  •  En total serán 641 equipos para 121 municipios del estado: 144 retroexcavadoras, 79 excavadoras hidráulicas, 43 vibrocompactadores, 104 motoniveladoras, 21 tractores, 67 pipas, 183 camiones con volteo

SEÑALAMIENTO. La Contraloría no cumplió con las formas, considera un denunciante.
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Resultados provocan reacciones encontradas

El comunicado de la Contraloría estatal sobre los avances en la investigación a la licitación del programa A Toda Máquina generó diversas dudas y posturas encontradas en dos de los denunciantes.

Como promotor de la primera denuncia interpuesta por presuntas irregularidades en la renta de maquinaria por más de 3 mil 634 millones de pesos, el presidente de la agrupación Contraloría Ciudadana Independiente, Jorge Carlos Ruiz Romero, reprochó que no se le hubiera notificado oficialmente sobre el avance del proceso.

“No se cumplieron las formas. Apenas hace dos semanas fui a presentar una ampliación más de la denuncia, presenté más elementos y solicité ampliar las investigaciones con apoyo interinstitucional. Hace unos días acudí a la Contraloría y la persona encargada de procedimientos de investigación me comentó que antes de un informe parcial había que esperar que transcurrieran los tiempos porque las investigaciones aún estaban en curso, que faltaba desahogar bastante antes de dar una resolución”, recordó.

Ruiz Romero aceptó que se enteró de “supuestos avances” en las indagatorias a través de medios de comunicación: “Estoy sorprendido, decepcionado, espero que esto no venga de presiones a la Contraloría por parte del gobernador o el secretario general de Gobierno (Enrique Ibarra Pedroza). Pero más allá de las presiones políticas (...) como denunciante debí ser notificado de cómo va el asunto”.

Por su parte, Álvaro Quintero, otro de los denunciantes, opinó que no era necesario difundir avances, pues es hasta la etapa final cuando debió hacerse pública la información, con elementos probatorios, los nombres de implicados y sanciones, así como la versión pública del expediente en cuestión.

Como abogado, expresó su preocupación ante posibles fallas al debido proceso.

Recordó que aún están en etapa de defenderse los tres funcionarios que supuestamente incurrieron en faltas administrativas, pues según la ley de responsabilidad en la materia, hay etapas pendientes por desahogar.

Puntualizó que la Contraloría, y en su caso la fiscalía anticorrupción, serán las responsables de sancionar las irregularidades que se acrediten. 

“Estoy sorprendido, decepcionado, espero que esto no venga de presiones a la Contraloría por parte del gobernador o el secretario general de Gobierno”

Jorge Carlos Ruiz Romero, presidente de Contraloría Ciudadana Independiente

EL ÚNICO AVAL. El coordinador de Movimiento Ciudadano cree que el gobierno estatal aprendió una lección.
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Critican diputados; no ven profundidad

La información revelada ayer sobre el programa A Toda Máquina no satisfizo a los diputados de oposición.

La coordinadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Mariana Fernández Ramírez, aseguró que aún hay preguntas por responder, mientras que el líder legislativo de Movimiento Regeneración Nacional (Moran), Bruno Blancas Mercado, consideró que la revisión fue muy light. El único que respaldó la investigación realizada fue el coordinador de Movimiento Ciudadano (MC), Salvador Caro Cabrera.

Además de ellos, el diputado del Partido Acción Nacional (PAN) Jesús Hurtado Torres, quien interpuso una denuncia ante la fiscalía anticorrupción por el proceso de licitación del programa, precisó que la Contraloría cumplió desde el punto de vista administrativo, pero dejó mucho que desear en la profundidad de su investigación.

“Nadie ha dicho que el proceso de licitación haya tenido irregularidades procesales, lo que estamos hablando es del fondo del programa”, afirmó.

Por su parte, Blancas Mercado expuso que la dependencia tenía todos los elementos y toda la información para sancionar severamente, pero que quizá no lo hizo por motivos políticos.

“Es una lástima, ¿no?, que teniendo todos los elementos, toda la información, no cumplan. Me imagino que hay presiones políticas, por acuerdos que tengan ahí involucrados”, afirmó, agregando que aún falta conocer la resolución de la fiscalía anticorrupción sobre el caso.

En tanto, la coordinadora del tricolor ve incongruente que “si hubo todos estos temas de ineficiencia administrativa, negligencia y descuido, no se toque ni la validez ni el contrato”.

Fernández Ramírez insistió en que hay muchas dudas en lo informado ayer, pues se habla de sanciones, pero sin especificar a quiénes, por qué, cuáles son y cómo se llegó a ellas. Tampoco, añadió, se señala cuál es la autoridad resolutora a la que se turnó este informe.

En contraste, Caro Cabrera opinó que las fallas administrativas encontradas son producto de un gobierno nuevo que aprendió la lección en licitaciones “grandes”.

“Es previsible, cuando haces algo de tan gran calado, al involucrarse tantos servidores públicos hay algunas cosas que no se realizan con perfección, pero lo importante es que el proceso sigue adelante, que el campo jalisciense está siendo beneficiario de una de las políticas más radicales que se han dado en el estado de Jalisco”,  aseveró.

Caro Cabrera añadió que todos los servidores públicos van a aprender de esta experiencia y serán más diligentes en futuros procesos.

Había elementos

El coordinador legislativo de Morena, Bruno Blancas Mercado, considera que la Contraloría del Estado tenía todos los elementos para actuar y no lo hizo

RESALTA. Al contrario del experto de la UP, Augusto Chacón celebró la celeridad de las investigaciones.
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Llama académico a esclarecer las irregularidades halladas

Las autoridades deben esclarecer el tipo de faltas administrativas que se hallaron en la licitación del programa A Toda Máquina, expuso Javier Soto Morales, abogado especialista en derecho agrario de la Universidad Panamericana (UP).

El académico se dijo inconforme con lo revelado por la Contraloría, pues falta información clave para conocer la dimensión de la problemática.

“Yo creo que lo que se le debe de exigir a la Contraloría y al gobierno del estado es que se soporte, desde el punto jurídico y administrativo, qué actos se dieron para determinar si hubo (faltas administrativas) como ellos lo señalan, faltas leves o (si) esto pudo llevarnos a más. Esto es una práctica muy desafortunada y ya es frecuente que este tipo de licitaciones se acuerden fuera de la mesa y luego les den firma como si todo fuera legal”, señaló.

El abogado consideró que la carencia de información deja muchas preguntas al aire, por lo que llamó a la sociedad a seguir atenta y exigir sus derechos.

“Como ciudadanos debemos de voltear al Sistema Estatal Anticorrupción que, por cierto, está ahorita en la congeladora una serie de iniciativas. En un acto de congruencia, el mismo gobernador del estado, Enrique Alfaro, debe de adquirir compromisos muy concretos que recuerdo manifestó en su campaña y que al menos pareciera que durante estos meses que lleva al frente, no ha apoyado a que se tenga un sistema anticorrupción fuerte”.

Respecto a los tres funcionarios de la Secretaria de Administración señalados por anomalías en la licitación, el abogado pidió se les amoneste de forma correcta en caso de comprobar responsabilidades.

Soto Morales reconoció que A Toda Máquina es necesario y tiene potencial; sin embargo, aceptó que la forma en la que se dio la licitación no deja un buen sabor de boca.

Por su parte, el director del Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos, Augusto Chacón Benavides, aplaudió la celeridad en las investigaciones del programa, pues recordó que en anteriores administraciones prácticamente era regla mandar este tipo de temas a la congeladora

Sin embargo, aceptó que aún falta que se determine si las faltas administrativas de los tres funcionarios estatales ameritan sanciones leves o graves.

“Es una práctica muy desafortunada y ya es frecuente que este tipo de licitaciones se acuerden fuera de la mesa y luego les den firma como si todo fuera legal”

Javier Soto Morales, abogado especialista en derecho agrario de la UP

 POCAS EMPRESAS PODÍAN ENTRARLE. El dirigente se quejó de los tiempos de la licitación.
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Resolución al caso, con pocas implicaciones

La resolución de la Contraloría del Estado a la investigación del programa A Toda Máquina fue menor por el monto que representó la licitación, de más de 3 mil 634 millones de pesos, consideró el presidente de la Cámara Regional de la Industria de la Transformación (Careintra) y tesorero de la Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Concamin), Juan Porras Brambila.

Pese al resultado, dijo que espera que realmente haya sanciones: “A veces se determinan responsabilidades, pero no se aplican las sanciones, luego no pasa nada. Nos parece una resolución menor por el monto de la licitación”.

El líder se quejó además de que por los tiempos de la licitación, no se dirigió a la máxima participación posible. Las bases de convocatoria del programa se presentaron el 10 de enero y se aprobaron el 24 de ese mes; la presentación de propuestas se llevó a cabo del 5 al 8 de febrero, y el 12 de febrero se decidió al ganador.

“Pocas empresas podrían respaldar una licitación de esa naturaleza, normalmente esas cantidades de dinero que pueden respaldar las operaciones, no se pueden liberar de manera tan rápida, eso es lo que a la distancia vemos, precisamente porque no somos parte de los comités de adquisiciones ni tenemos la información de las bases”, comentó.

VE FALLAS EN COMITÉ DE ADQUISICIONES

Porras Brambila expuso que, generalmente, en los comités de adquisiciones participan cuatro asociaciones civiles y sólo la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) como organismo empresarial, lo que puede dar pie a pensar que responden a intereses particulares.

“Esta no es la excepción, pues uno de los votos tiene mucha relación con el sector agropecuario y no sé cómo esté ahí la situación de los conflictos de interés, desgraciadamente carece de toda transparencia, democracia y es muy opaca la manera de operar del organismo (…) esa es una de las deficiencias que vemos en los comités de adquisiciones del estado de Jalisco, hay organismos que tenemos más fortaleza jurídica-estructural y verificada por las autoridades que una asociación civil”.

Recordó que este tema lo ha ventilado en el Congreso del Estado y próximamente lo llevará al Poder Ejecutivo para que se valore.

“Es preocupante porque una asociación civil modifica los estatutos como quiere y puede haber situaciones que no sean las más equitativas ni las más democráticas, se han convertido en rehén de grupos particulares que tienen interés en las compras de gobierno. Los representantes a veces ni afiliados son a ninguna cámara ni los conocemos, no nos informan cómo se asignan”, añadió.

“A veces se determinan responsabilidades, pero no se aplican las sanciones, luego no pasa nada. Nos parece una resolución menor por el monto de la licitación”

Juan Porras Brambila, presidente de la Careintra

Los antecedentes

29 de marzo. NTR revela que el ganador de la licitación del programa A Toda Máquina, el empresario Guillermo Romo Romero, acompañó al gobernador Enrique Alfaro a un partido de los Lakers realizado a fines de febrero

1 de abril. Dos empresas participantes en la licitación comparten a una misma representante, Mariel Rodríguez Printzen, y hasta un domicilio ubicado en Zapopan

2 de abril. Rodríguez Printzen laboró en las notarías 26 y 83, dirigidas por el hermano y padre del gobernador Enrique Alfaro Ramírez

4 de abril. Tras lo publicado por NTR, el gobernador informa que todos los datos de A Toda Máquina se entregarán a la Contraloría estatal

8 de mayo. La contraloría interna del Congreso del Estado inició una investigación por posible tráfico de influencias a la diputada Mirza Flores Gómez, tras acompañar al gobernador y a Romo Romero al partido de los Lakers de febrero

JJ/I