Tras la polémica por el dictamen aprobado en comisiones que busca sancionar a servidores públicos que retiren fichas de personas desaparecidas, colectivos de búsqueda, organizaciones civiles y legisladores sostuvieron un conversatorio para revisar su redacción. El encuentro, convocado por la diputada Norma López, abrió la posibilidad de modificar el proyecto antes de que sea discutido y votado en el pleno del Congreso de Jalisco.
Durante el encuentro, la legisladora sostuvo que el proyecto no prohíbe la colocación de fichas de búsqueda, y explicó que la redacción actual responde a criterios de técnica jurídica dentro del Código Penal.
Aseguró que la inclusión de términos como “espacios públicos no prohibidos” no busca restringir la difusión de las cédulas, sino delimitar cuándo podría configurarse el delito de abuso de autoridad contra funcionarios que impidan su colocación o las retiren.
López Ramírez afirmó además que la redacción fue parte de una estrategia legislativa para que el dictamen pudiera avanzar en comisión y no quedara detenido, y adelantó que existe un acuerdo para modificar el texto en la segunda lectura del pleno, en coordinación con el diputado Alejandro Puerto, autor de la iniciativa.
Sin embargo, organizaciones civiles que acompañan a familias de personas desaparecidas insistieron en que la redacción actual genera incertidumbre jurídica.
Ángel Cadena señaló que, aunque el dictamen no prohíbe explícitamente pegar fichas, la referencia a “espacios públicos no prohibidos” podría dejar a criterio de servidores públicos determinar dónde pueden colocarse.
Advirtió que esa ambigüedad podría afectar las acciones de búsqueda que realizan colectivos y familiares en distintos puntos de la ciudad, incluidos edificios públicos.
Durante el diálogo también se planteó que la redacción debería armonizarse con la legislación nacional en materia de desaparición y evitar términos que pudieran interpretarse como limitaciones al derecho de las familias a difundir las fichas de búsqueda.
Ante las críticas, se planteó una propuesta de modificación para eliminar del dictamen las referencias a lugares “prohibidos o permitidos”, con el objetivo de evitar interpretaciones restrictivas.
El dictamen será discutido en el pleno del Congreso, donde legisladores adelantaron que podría aprobarse con cambios tras las observaciones de colectivos y organizaciones civiles.
CES
